Por José Luis Castillejos
El nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General de Chiapas representa un giro en la estrategia de seguridad estatal.
Sin embargo, la magnitud de los problemas que enfrenta esta región plantea dudas sobre si un solo nombramiento puede ser el catalizador de un cambio significativo. Chiapas, con su ubicación estratégica en la frontera con Guatemala, enfrenta una crisis de seguridad que refleja la intersección de violencia criminal, pobreza y conflictos sociales profundamente arraigados.
La violencia no es un fenómeno nuevo en el estado, pero los datos recientes son alarmantes. En 2024, los homicidios dolosos han experimentado un incremento del 40% en comparación con el año anterior, concentrándose en municipios clave como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.
Esta escalada de violencia no solo obedece a disputas entre cárteles, sino también a la falta de capacidad institucional para prevenir y perseguir el delito. La presencia activa de grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, así como células locales, ha exacerbado un panorama ya de por sí complejo. Tapachula, por su posición fronteriza, se ha convertido en un epicentro del narcotráfico, el tráfico de personas y la violencia, registrando el 30% de los homicidios totales del estado.
A este escenario se suma la problemática de las desapariciones, con más de 1,200 casos registrados en los últimos cinco años. En 2024, 312 personas han desaparecido, muchas de ellas jóvenes y migrantes en tránsito, víctimas de un sistema que parece ignorar su vulnerabilidad. La falta de protocolos efectivos y de recursos para atender esta crisis pone en evidencia la necesidad de una reforma integral en las instituciones de seguridad y justicia.
El desplazamiento interno, un impacto colateral de la violencia, también merece atención prioritaria. Más de 24,000 personas han sido desplazadas en Chiapas desde 2010, con 7,900 casos solo en este año. Las familias desplazadas no solo enfrentan la pérdida de su hogar, sino también condiciones de extrema precariedad en refugios temporales. Este fenómeno, impulsado por conflictos étnicos, agrarios y enfrentamientos entre cárteles, refleja la incapacidad del estado para garantizar derechos básicos a su población.
La raíz de esta crisis se encuentra, en gran medida, en factores estructurales. La pobreza extrema afecta al 75% de los habitantes, creando un caldo de cultivo ideal para el reclutamiento por parte de grupos delictivos. La migración, otro factor determinante, convierte a Chiapas en un corredor de tránsito donde los migrantes son presa fácil de la extorsión, la trata de personas y la explotación laboral.
La designación del nuevo fiscal llega en un momento crítico, pero será insuficiente si no va acompañada de acciones concretas y coordinadas. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad es fundamental. Esto incluye la capacitación y equipamiento de las policías locales, la creación de unidades especializadas y la implementación de sistemas de inteligencia para desarticular redes criminales. Además, es imprescindible una colaboración efectiva entre los niveles estatal y federal para recuperar el control territorial, especialmente en la frontera sur.
Sin embargo, la seguridad no puede ser el único enfoque. Es imperativo atender las causas subyacentes de la violencia a través de programas sociales que promuevan el empleo, la educación y la cohesión comunitaria. La atención a las víctimas, con apoyo psicológico, legal y económico, debe ser una prioridad para restaurar la confianza en las instituciones.
Chiapas enfrenta un desafío monumental, pero no insuperable. La solución radica en un enfoque integral que combine medidas de seguridad con estrategias de desarrollo social y atención a las víctimas. Jorge Luis Llaven Abarca tiene ante sí una oportunidad histórica para demostrar que el cambio es posible, pero solo si las palabras se convierten en acciones concretas y efectivas.
