Una política pública que impulse el desarrollo y frene la desigualdad, tiene que atender prioritariamente el asunto del embarazo infantil y adolescente que, francamente, se traspone, por un lado, con el de abuso sexual (agravado por el confinamiento) que sufren niñas y adolescentes del país y, por otro, con el acceso nulo o limitado a la educación sexual, oportuna y eficiente, y a métodos anticonceptivos asequibles.
De acuerdo con INEGI, en 2019 se registraron 339, 539 nacimientos de madres de 15 a 19 años y otros 8, 507 de niñas menores de 15. Hay que decirlo, la mayoría de estas casi 350 mil madres (16.6% del total ese año) no tenían la mayoría de edad y más de 8,000 cursaban primaria o secundaria, si es que tuvieron acceso a educación. Es evidente que la mayoría de estos nacimientos fue resultado del delito de abuso sexual.
México es el país de la OCDE con más casos de abuso infantil (5.4 millones a 2019) y 60% ocurrieron a manos de un conocido y en su propio hogar. Se estima que solo se denuncian 100 de cada mil incidentes, de ellos, 10 llegan a juicio y uno termina en la condena del agresor. La impunidad es parte de este fenómeno, Redes de trata y pornografía infantil explotan y corrompen a la niñez mexicana y quedan impunes. Tanto así que el país tiene el ominoso 1° lugar en pornografía infantil, que también se incrementó en 2020.
El abuso sexual en niñas, niños y adolescentes resalta las necesidades urgentes en educación, prevención y procuración de justicia. Cualquier persona que sufre abuso cargará el trauma siempre. Sin embargo, cuando una niña deja su infancia para asumir la maternidad (por abuso o falta de información), debido al esquema de desigualdad, trunca sus oportunidades de desarrollo alimentando el ciclo de pobreza.
Adicionalmente, la brecha salarial entre mujeres y hombres, escolaridad aparte, se agranda según el número de hijos. La diferencia se aproxima a $4,000 sin hijos, a $8,000 cuando hay 1, a casi 10 mil con 2 y alrededor de $14,000 de diferencia entre una mujer y un hombre que tienen 3 o más hijos (ENIGH 2018). El embarazo infantil y adolescente trastoca la vida de millones de niñas y jóvenes replicando estructuras de perpetuación de la pobreza.
Proteger el derecho a vivir una vida libre de violencia, evita que se violen otros, como salud y educación, y posibilita solventar una vida sin carencias, para las madres y sus descendientes. El desarrollo nacional empieza con erradicar las desventajas de niñas y adolescentes, castigar el abuso sexual, reducir la impunidad y apoyar a las mujeres de cualquier edad a romper con estos ciclos. Atender esta situación es un problema de primer orden que impacta en el presente y futuro de nuestro país y de muchas vidas inocentes.
