En Chiapas, el embarazo adolescente no es solo una consecuencia individual, es el resultado de una cadena de omisiones institucionales que convierten la maternidad forzada en destino
AquíNoticias Staff
En Frontera Hidalgo, una de cada cuatro adolescentes ya es madre. El dato es frío, contundente y, a estas alturas, inaceptable. Chiapas encabeza las cifras de embarazo adolescente en México, mientras la vida de miles de niñas transcurre entre la escuela abandonada y un hijo en brazos. Y aunque no es nuevo, tampoco ha cambiado. Lo que sí cambia —o se adapta— es la narrativa institucional: se anuncian programas, se declara un mes, se agrupan dependencias. Pero la realidad, esa que ocurre lejos de los comunicados, sigue igual de dura.
El gobierno de Chiapas lanzó recientemente el llamado Proyecto Victoria, una estrategia interinstitucional que promete atender los principales desafíos de salud para niñas y adolescentes: embarazos no deseados, adicciones, violencia sexual, suicidio. También se aprobó en el Congreso local que junio sea reconocido como el “mes de la prevención del embarazo adolescente”. Son esfuerzos. Son señales. Pero son todavía gestos tímidos frente a una realidad brutal que exige algo más que buenas intenciones.
Porque hay que decirlo con claridad: no hay un presupuesto etiquetado para prevenir el embarazo adolescente en Chiapas. No hay una campaña estatal sostenida, ni cifras públicas de inversión, ni estrategia transversal con metas verificables. Las iniciativas existen, sí, pero se diluyen entre lo simbólico, lo parcial y lo protocolario. En teoría, el marco jurídico obliga al Estado a atender a niñas, niños y adolescentes. En la práctica, la maternidad forzada en menores de edad sigue tratándose como una estadística más.
Y es ahí donde el Estado también embaraza. Cuando no educa, cuando no informa, cuando no garantiza anticonceptivos, cuando no sanciona al que viola, cuando no acompaña, cuando no llega. Su ausencia se convierte en causa. Su indiferencia, en violencia institucional.
Ningún alto funcionario en Chiapas ha hecho de este tema una prioridad pública. No se escucha en los discursos de gobierno, no se menciona en las campañas políticas, no aparece en los informes anuales. Y si algo no está en el discurso, tampoco está en la acción.
La consecuencia es clara: miles de niñas en Chiapas no deciden ser madres, simplemente no tienen opción. Viven atrapadas en un sistema que calla, que normaliza, que deja hacer. Y que, al hacerlo, perpetúa un ciclo de desigualdad y pobreza que se hereda de madre a hija.
El embarazo adolescente no es una emergencia silenciosa. Es una tragedia sostenida. Y mientras no se asuma como una prioridad política, mientras no se le ponga presupuesto, rostro, nombre y urgencia, seguirá ocurriendo en los márgenes del Estado. A la vista de todos. Pero bajo el silencio de siempre.
