Este año se cumplen tres décadas de la creación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional que se ha afianzado como insumo estratégico para conocer la variación y el alcance que tiene este fenómeno en 180 naciones.
Durante estos años el reporte no ha estado exento de polémica. La academia ha señalado la ausencia de rigor metodológico y evidencia empírica, pero se reconoce al mismo tiempo que es el indicador más aproximado para medir su dimensión. Observan que además de no reflejar casos concretos, engloba en un solo ranking a países con normas y leyes diversas y con grados opuestos de desarrollo. El organismo recuerda que se mide la tendencia no casos específicos.
La corrupción está presente en todo el mundo en mayor o menor medida según el IPC. Clasifica una escala de 0 (los más corruptos) a 100 (los más limpios) que ningún país alcanza. Dinamarca con 90 y Venezuela con 10 se encuentran en los extremos de la medición. Estados Unidos está en el nada impecable lugar 29.
Hoy es un reto de la nueva administración ya que México tuvo su peor registro el año pasado al obtener 26 puntos y ubicarse en el lugar 140 de los 180 países evaluados. La percepción más favorable para nuestro país fue en 2008 cuando obtuvo 36 puntos y se situó en el lugar 72.
La información fue recabada entre personas expertas en materia anticorrupción durante 2023 y 2024. Para la organización alemana, el resultado responde al desempeño del Poder Judicial que no ha logrado tomar medidas contra casos emblemáticos de corrupción; resalta también la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia y anticorrupción.
Todas las caras de la corrupción son perjudiciales. Afecta el crecimiento económico de un país, debilita las finanzas públicas (México tiene los más bajos niveles de recaudación impositiva de América Latina) y sobre todo, socava la confianza ciudadana en las instituciones. Todo lo anterior se convierte en un círculo vicioso.
Esfuerzos institucionales para combatir la corrupción no han faltado. Entre 2015 y 2016 se promovieron reformas constitucionales que buscaron recuperar esa confianza mediante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En diciembre pasado se extinguieron los organismos autónomos relacionados con la transparencia que fueron remplazados por un nuevo diseño institucional.
Las sucesivas reformas administrativas no han tenido la capacidad de atender integralmente este fenómeno. Los ciudadanos siguen concibiendo la política y la función pública como espacios de poder discrecional.
Las dependencias deben intensificar la utilización de herramientas tecnológicas que garanticen la prestación de un servicio o expedición de trámites sin necesidad de que quede a criterio de un empleado público que se encuentra detrás de una ventanilla.
La corrupción demanda un combate frontal en múltiples espacios con la activa participación de todos los actores sociales para lograr su gradual disminución pues vemos que no se acabará por simple decreto. Hay grandes acuerdos que podrían generar grandes coincidencias.
