El exceso en campañas

Corría el año 2012 cuando la entonces candidata a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Chiapas, María Elena Orantes López, denunció que los verdes ya habían extralimitado su tope de gastos de campaña. En 2015, el INE resolvió multar al PVEM porque se comprobó que omitió reportar la pinta de dos bardas a favor de Castellanos, así como por mal uso de la pauta federal durante las campañas

Julieth Rodríguez/Portavoz

[dropcap]E[/dropcap]videnciado como una fracción política de «lujo» no sólo por sus excesivos gastos, sino por su ineficacia legislativa que obedece a intereses particulares, las prácticas a nivel estatal del Partido Verde Ecologista (PVEM) no son diferentes de las que aplican en el contexto nacional.
De acuerdo con una investigación periodística de El Universal (junio, 2017), el instituto «verde» ha erogado 228 millones 787 mil 666 pesos en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2017, por concepto de publicidad, vehículos, ropa, despensa, comidas en restaurantes, viáticos, consultorías políticas, servicios jurídicos, seguridad privada y salones para eventos.
Vía Transparencia, el medio informativo nacional obtuvo documentos en los que se registran gastos por parte del PVEM que ascienden a 73 millones 584 mil 800 pesos por telefonía celular (el desembolso más alto); más de 13 millones de pesos por viáticos, comidas en restaurantes y despensa de cocina; cantidad similar a la erogada por compra y renta de automóviles, reparaciones mecánicas, gasolina y seguros automotrices.
Se suman a estas cantidades, 18 millones de pesos para la adquisición de ropa (playeras, gorras, blusas, camisas de manga larga y chalecos de doble vista); los casi 34 millones de pesos que utilizó para contratación de servicios externos (bufetes jurídicos, seguridad privada, salones de eventos y consultorías políticas). El menor gasto fue el asignado a publicidad, para lo que destinó 71.3 millones de pesos desde 2011.
Es en este último rubro, en Chiapas ha sido evidente el excesivo despliegue de recursos económicos del PVEM; no es para menos si se toma en cuenta que la entidad es bastión de este instituto político, por lo que destina millonarias cantidades de dinero a promoción y difusión en campañas electorales, a fin de asegurar su triunfo.

Los 10 millones de dólares

Corría el año 2012 cuando la entonces candidata a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Chiapas, María Elena Orantes López, denunció que los verdes ya habían extralimitado su tope de gastos de campaña —el límite para la elección de gobernador fue de 47 millones 236 mil 667 pesos—, así que urgía a la entonces Comisión de Fiscalización Electoral (Cofel) a vigilar el uso de los recursos en el caso de todos los aspirantes.
Según documentó la prensa local, la ahora legisladora consideró «burda» la actuación de los tucanes y sus aliados —Velasco fue candidato por el PRI, PVEM y Nueva Alianza—, que habrían hecho una erogación de más de 50 millones de pesos en la contratación de espectaculares, que incluso habrían hecho con anticipación, a modo de reserva; además de un desembolso de entre 15 mil y 25 mil pesos por propaganda impresa.
«Mientras yo tengo un spot en el cine, el del Verde tiene cuatro, tengo seis espectaculares y ellos tienen más de 3 mil en el estado, si les sobra dinero deberían compartirlo, a final de cuentas es para Chiapas», declaró Orantes en aquella ocasión.
El final de la historia es conocida. Manuel Velasco Coello se encumbró como gobernador del estado y durante su primer año, el pevemista destinó 129 millones 434 mil 606 pesos —lo equivalente a 10 millones de dólares— a comunicación social y gasto publicitario en imagen, según un anteproyecto del presupuesto de Egresos 2013 al que la revista Proceso tuvo acceso.
Después de asumir el cargo, Velasco declaró que Chiapas vivía «una situación económica y financiera complicada», para lo cual puso en marcha su plan de austeridad que comprendía reducción de sueldos y salarios a funcionarios de primer y segundo nivel. Nada dijo de publicidad.
La revista periodística aseveró que este gasto era superior al que efectuó su antecesor, Juan José Sabines Guerrero en su primer año como mandatario estatal, el 2007, cuando erogó por el mismo concepto que Velasco, 34 millones de pesos.
El diario Reforma abundó que el gasto en comunicación social e imagen del actual gobernador representó el 41 por ciento del presupuesto que asignó el Poder Legislativo ese año (2012), que ascendió a 313.38 millones de pesos.
El plan estatal de comunicación indicaba que los recursos se utilizarán para la difusión de comunicados de prensa, posicionamiento de información en medios, cobertura periodística de las giras gubernamentales, difusión estatal de eventos, así como por concepto de creación de imágenes y diseño.
Un año después (2014), entrevistado por el corresponsal de proceso en Chiapas, Isaín Mandujano, a propósito de la queja que el PAN interpuso ante el entonces IFE por el gasto en su imagen, Velasco —vía telefónica— admitió haber gastado los 10 millones de dólares en publicidad pero aclaró no haberlos usado completamente para promoción de su imagen; de haber sido así, «no hubiera quedado nada para el gasto corriente de los trabajadores de comunicación social ni para otras campañas propagandísticas», se lee en el artículo.

«Gastalones»

En el proceso electoral local ordinario 2014-2015, los pevemistas contendientes a puestos de elección popular se destacaron por incurrir en estas mismas prácticas.
El mismo medio informativo difundió en abril de 2015 que en su búsqueda por una diputación federal por el PVEM, Sasil Dora Luz de León Villard había rentado una lujosa plaza comercial como casa de campaña, como parte de una ostentosa estrategia electoral en el VI Distrito, en Tuxtla Gutiérrez.
«A sus rivales les llamó la atención el despliegue mediático de Sasil Dora Luz de León Villard, quien desde el primer día de campaña se anunció en espectaculares y gallardetes por toda la ciudad. Además, instaló su casa de campaña electoral en el edificio previsto para una plaza comercial, con una renta que podría oscilar entre los 50 y los 90 mil pesos», se lee en el artículo.
Para julio de ese año, el Instituto Nacional Electoral (INE) había determinado iniciar un procedimiento para revisar los gastos de precampaña de quien ahora es alcalde pevemista de la capital, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien había sido acusado por la oposición de haber hecho gastos no fiscalizados en la contienda municipal.
El periódico El Norte refirió que en esa época Horacio Duarte, representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, afirmó que la elección en Chiapas y en particular la de Tuxtla Gutiérrez estuvo plagada de irregularidades.
El político explicó que Castellanos fue registrado como candidato plurinominal en primer lugar de la lista de la tercera circunscripción, hizo campaña como candidato a diputado federal y dos días antes de la Jornada Electoral, fue sustituido de candidato.
«Pero ya le dejó hacer campaña abierta, pública, con espectaculares, con bardas, con lonas, con eventos, con mítines. Estos gastos que hizo tendrían que ser sujetos de investigación como precampaña», planteó.
En septiembre de ese 2015, sus compañeros «verdes» afrontaban la aprobación de la Resolución INE/CG822/2015 que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral efectuó, respecto de las irregularidades encontradas en el «Dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de diputados locales y de ayuntamientos», correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Los representantes de los partidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional, Chiapas Unido y Mover a Chiapas interpusieron recursos de apelación, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal como consta en la sentencia INE/CG22/2016 que obra en poder de Portavoz.
Ésta había determinado que el PVEM omitió hacer el cálculo de prorrateo correspondiente al gasto de producción de cuatro promocionales de radio y cuatro de televisión realizados «por un candidato a diputado local por el principio de representación proporcional, así como registrarlo en las campañas beneficiadas, por un monto de $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.), el recurrente argumenta que es errónea tal aseveración, ya que sí llevó a cabo el prorrateo en la cuenta concentradora de los Distritos beneficiados, lo que se puede verificar con la póliza en la cual se aprecia la aplicación del prorrateo».
A su favor, el partido refirió que la acusación era incorrecta, pues lo que sucedió es que la autoridad fiscalizadora electoral no verificó la totalidad de la documentación soporte que presentó tanto en el Sistema Integral de Fiscalización como en USB.
Ese dispositivo de almacenamiento contenía, según se lee en la sentencia, dos facturas por concepto de propaganda utilitaria pagadas a favor de Grupo Carrime S.A. de C.V.; una por la cantidad de 3 millones 765 mil 360 pesos, y otra por 2 millones 33 mil 828 pesos. Una factura más de Comercializadora Integral de Insumos y Servicios S.A. de C.V. por impresión, colocación, mantenimiento y retiro de anuncios espectaculares, por lo cual cobró un millón 541 mil 234 pesos; y una última, buena por 669 mil 900 pesos para Ingeniería en Construcción Mopar S. A. de C.V., por pinta de bardas (38.500 metros cuadrados).
Asimismo, el apelante anexó un cuadro en el cual hacía glose de lo registrado para el prorrateo, por la cantidad de un millón 151 mil 91 pesos.
Después de todo, trascendió en medios nacionales que el INE resolvió (diciembre, 2015) multar al Verde por la suma de 298 mil 344 pesos, ya que se comprobó que omitió reportar la pinta de dos bardas a favor de Castellanos, así como por mal uso de la pauta federal durante las campañas. De la multa, 199 mil 924 pesos debieron ser cubiertos por el Verde a nivel nacional y 98 mil 400 pesos por el partido en Chiapas.

«Telebancada»

Para revoluciontrespuntocero.com, en 2015, la socióloga Sélica Flores López opinó que en Chiapas, el avance de los verdes se debió al apoyo del gobernador y a las televisoras; en especial señaló a Televisión Azteca. «Ello ha llevado a la postulación de cinco candidatos a diputados y senadores de ese partido, vinculados con esa televisora, calificados como la «telebancada», por haber sido funcionarios de la televisora, es como nos damos cuenta que los nexos del PVEM con TV Azteca son tan evidentes como los del PRI con Televisa», explicó.
Fue claro el modo en que la alianza del estado-TV Azteca benefició a Velasco Coello en su campaña hacia la gubernatura, comentó, pues se centralizó la estrategia propagandística de la alianza Compromiso con México a través de una intensa campaña mediática que incluyó espectaculares, mensajes de radio y televisión, además de una cobertura desmesurada en medios impresos locales.
El portal noticioso hizo énfasis a la acusación que hizo por esa época el Partido de la Revolución Democrática, de que el PVEM recibió aportaciones ilícitas de Televisa, TV Azteca y el poder legislativo federal por más de 2 mil 284 millones de pesos.
En esa ocasión, la especialista calificó al PRI como «un partido sin legitimación que se prepara para el gatopardismo camaleónico de la mano del PVEM, rumbo a las elecciones del 2018».