Una de las luchas cívicas más importantes en la historia reciente de México fue la construcción de una democracia sólida, con un sistema de partidos plural, en donde la división de poderes existiera en la realidad y en donde los derechos políticos y electorales de la ciudadanía se ejercieran sin cortapisas. Desde la izquierda y la derecha políticas y desde las zonas campesinas, agrarias y urbanas se trabajó para desmontar un sistema político anacrónico.
Los movimientos sociales armados o no, el activismo de la clase media y la presión internacional hicieron que el país fuera transitando hacia un modelo cada vez más democrático en el sentido de reconocer que un partido político no podía ganar siempre todas elecciones en las que compitiera. Las reformas electorales, algunas de gran calado y otras menores, tuvieron el efecto de modificar el ritmo del cambio político en el país. Aunque, es claro que, desde el conjunto de modificaciones constitucionales de 1977 la dirección fue clara: el reconocimiento de la oposición como un actor legítimo con la capacidad de formar gobierno.
Veinte años después, en 1997, el entonces partido hegemónico perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y, por vez primera, se habló de un gobierno dividido. Para ese año, el tripartidismo estaba asentado: el PRI, el PAN y el PRD eran las organizaciones con mayor militancia, capacidad de movilización y creación de cuadros. Cada uno a su manera. Al llegar el fin del siglo XX, ocurrió la alternancia en la Presidencia de la República. El PRI le entregó al PAN el poder y todo siguió su curso normal. Ni hubo “choque de trenes”, como decían algunos miembros del Grupo San Ángel, ni golpe de Estado, al pensar que las Fuerzas Armadas no reconocerían a un gobernante que no militara en el partido de la Revolución.
Con ello, se habló del fin de la transición a la democracia porque se había concretado el cambio de un partido por otro y el nuevo grupo gobernante no contaba con el apoyo que, en otro tiempo, quien ocupaba la Presidencia tenía: en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y en las gubernaturas la oposición era mayoría. Más aún, los gobernadores se organizaron creando una Conferencia para convertirse, en los hechos, en un grupo de presión con una agenda clara en donde resaltaba el tema presupuestal.
Al pasar el tiempo, se puede ver que en los años posteriores al 2000 poco cambió sustantivamente en la integración de los poderes públicos –se mantuvo el gobierno dividido– y con los gobernadores –hubo pluralidad política–, aunque, en ocasiones, su relación era más cercana y en otras se notaba una franca distancia. Hasta que apareció Morena. El liderazgo de su fundador y el muy fuerte apoyo ciudadano hicieron de este partido la organización más relevante del sistema en detrimento de los otros tres. En 2018 ganó la Presidencia y la retuvo en 2024. Con la diferencia de que la nueva y primera Jefa del Estado mexicano tendrá un apoyo mayoritario de gobiernos subnacionales y del Congreso de la Unión. Como en otros tiempos, la elección de junio pasado resultó en “carro completo”.
Pareciera ser que es una especie de restauración, en el sentido de volver a concentrar en un solo lugar todas las decisiones del poder. Ciertamente, tener una fuerza mayoritaria puede tentar a cualquiera para imponer decisiones en lugar de negociar y eso es peligroso en la medida en que la democracia puede devenir en la dictadura de mayoría o en la tiranía de las masas si se eliminan las estructuras que velan por la constitucionalidad de las decisiones públicas. Se trata de fortalecer la democracia en clave constitucional y representativa.
La transición, si la consideramos de forma mínima como la construcción de piso mínimo de derechos y libertades con alternancias en el poder, llegó a su fin: del PRI se pasó al PAN, luego al PRI y, ahora, a Morena. Y en ningún cambio de autoridad hubo levantamientos. Si ya terminó, ¿qué sigue?
La respuesta, por el momento, parecer ser la profundización de la transformación. El discurso del actual Presidente y la imposibilidad de la oposición de ganar el debate público permeó en capas amplias de la sociedad que votó por un nuevo arreglo político, diferente al construido desde 1997, y similar al que se estableció en el sexenio 2018-2024.
¿Qué tan exitosa será esta nueva etapa?
