¿Qué mundo queremos para las próximas décadas? Antes: ¿queremos seguir viviendo en este planeta?, ¿será eso posible? El futuro está en nuestra mente todo el tiempo, tanto que provoca, en ocasiones ansiedad y preocupación. Y genera eso porque es inaprensible, es una posibilidad; por más pensando que esté, siempre resulta un enigma. Pero todas las personas queremos uno y tenemos derecho a él.
Un futuro distinto, con menos miedos y más seguridades. A pensar su contenido y sus posibilidades se han dedicado la filosofía, también, la biología y la física; por supuesto, las religiones y la literatura. También el derecho. Esta disciplina, una de las más antiguas en las ciencias sociales y las humanidades, tiene como atención el futuro, no como expresión abstracta, sino como concreción.
No hay duda que el planeta está en un momento en que su viabilidad está comprometida y, con ello, la vida como la conocemos. Por eso, no es casual la reactivación de los programas espaciales de los gobiernos en alianza con empresas privadas: es urgente encontrar un nuevo planeta para vivir, pero mientras eso ocurre, en la dimensión inmediata, en este país, en el máximo tribunal se discutirá el futuro como derecho.
Este tema encontró espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de que un grupo de jóvenes –quiénes si no ellos, que tienen el ignoto mañana por delante, tomarían la decisión de hacerlo– interpuso un juicio de amparo indirecto cuestionando la Ley de la Industria Eléctrica (2021) ya que esta norma no permite el cumplimiento efectivo de dos derechos: a un medio ambiente sano y a la salud y, al generar fuentes contaminantes de energía, se pone en riesgo el futuro desde el presente; es decir, se vulnera el principio de equidad intergeneracional, reconocido, entre otros, en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente (1972) y en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992).
Pero ¿cómo llegó el tema a la Suprema Corte? Este grupo de jóvenes interesados en lo que pasará cuando el sol brille de nuevo, recibió una negativa por un juez que consideró que no eran sujetos con interés legítimo, por lo que los actores, además de interponer un recurso de queja, solicitaron el ejercicio de la facultad de atracción a la Corte. La Segunda Sala de la SCJN, encargada de sesionar los asuntos en materia administrativa y laboral, analizó la petición y su presidente, el ministro Javier Laynez Potisek lo puso a consideración de quienes integran esta Sala. Por mayoría de tres votos, se aceptó ejercer la facultad de atracción para conocer el recurso de queja.
Lo que estará a discusión no sólo concierne, desde el muy estricto cauce legal, al interés legítimo, sino al futuro cifrado, en buena medida, en el tema ambiental.
El futuro, se construye desde el presente –una verdad de Perogrullo–, y si es necesario recurrir al litigio para ello, adelante.
