10 años
A una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue rodeado de mentiras, inconsistencias y encubrimientos. A lo largo de dos sexenios, las investigaciones han sido manipuladas, y hasta el día de hoy, los padres de los estudiantes siguen buscando justicia y una respuesta sobre el paradero de sus hijos. Resulta alarmante que, pese a la evidencia acumulada, el gobierno actual parece proteger al expresidente Enrique Peña Nieto y a varios actores que participaron en la construcción de la «verdad histórica».
La revelación de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, sobre cómo la «verdad histórica» fue diseñada en reuniones presididas por Peña Nieto, con la participación de altos funcionarios como el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los titulares de la Defensa y Marina, es escalofriante. Zerón confesó que tanto él como el procurador Jesús Murillo Karam fueron instruidos para salir ante los medios y sostener la versión de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Esta narrativa, que quedó grabada en la historia como un esfuerzo para proteger al Estado y sus instituciones, sigue siendo desmontada por los hechos.
Entre las figuras involucradas en esta investigación se encuentra Omar García Harfuch, próximo Secretario de Seguridad Nacional en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Harfuch era un mando operativo en la Policía Federal durante los acontecimientos de Ayotzinapa y participó en dichas reuniones. Hecho confirmado por Alejandro Encinas en conferencia de prensa realizada el 27 de septiembre del 2023. Su ascenso a un puesto clave en la seguridad del país plantea preguntas incómodas sobre su papel en este oscuro capítulo de la historia reciente de México. ¿Cómo puede confiarse la seguridad del país a alguien que fue parte de una investigación que, como hoy sabemos, fue construida para encubrir la verdad?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido esclarecer el caso, pero hasta la fecha, ha caído en contradicciones y en la defensa del Ejército mexicano, a pesar de los informes que señalan su participación en los hechos. La detención de militares y la falta de transparencia en la entrega de archivos por parte de la Sedena solo agravan la percepción de que el Estado sigue ocultando información crucial.
Mientras tanto, los padres de los normalistas siguen sufriendo. Han pasado diez años desde que sus hijos desaparecieron, y aún no tienen una explicación convincente por parte de las autoridades. Cada día que pasa sin respuestas es una afrenta a la libertad, al derecho a la información y a la justicia. La protección a Peña Nieto y otros responsables solo intensifica el dolor.
¿Hasta cuándo se permitirá que los responsables sigan impunes? ¿Cuántas mentiras se seguirán construyendo para proteger intereses políticos? La verdad debe salir a la luz, y las autoridades deben dejar de encubrir a quienes participaron en este crimen de Estado.
