El humanista / Javier Aguilar Roque

La expectativa

El primero de octubre marcará un momento crucial en la historia política de Chiapas, con la toma de protesta de la LXIX legislatura y la renovación de ayuntamientos. Esta nueva etapa conlleva una gran responsabilidad para los legisladores, quienes deberán trabajar de manera cercana con el Ejecutivo y el Poder Judicial, consolidando una agenda que priorice a los sectores más vulnerables: los pueblos originarios, las comunidades marginadas, y las poblaciones afectadas por el rezago educativo y la pobreza.

Uno de los grandes retos será la formulación de políticas públicas que no solo promuevan el desarrollo económico, sino que también mejoren la calidad de vida de todos los chiapanecos. El Congreso tendrá la responsabilidad de diseñar marcos legales que permitan la inclusión social, cultural y económica de los pueblos originarios, quienes históricamente han sido relegados en muchos aspectos de la vida pública y política.

Asimismo, la urgencia por atender el rezago educativo es ineludible. Las políticas educativas deben enfocarse en la equidad, asegurando que los niños y jóvenes de las comunidades más alejadas y desfavorecidas tengan acceso a una educación de calidad, lo que a su vez contribuirá a combatir los altos índices de pobreza en el estado.

El liderazgo que se espera del Presidente de la Mesa Directiva Luis Ignacio Avendaño y del Presidente de la Junta de Coordinación Política Mario Guillén será determinante para guiar este proceso de transformación. Guillén, desde la JUCOPO, será clave para articular los consensos necesarios y promover iniciativas que construyan un Chiapas más justo y equitativo. Su experiencia y habilidades serán esenciales para garantizar que el Congreso esté a la altura de las expectativas y que se concreten los cambios que la población tanto anhela.

Esta nueva era, acompañada de esperanza e ilusión, requiere un trabajo coordinado y firme desde el legislativo. Los ojos estarán puestos en cómo el Congreso colabora con los otros poderes del Estado para implementar políticas que generen un impacto tangible en la vida de los chiapanecos, apostando por el desarrollo integral y el bienestar de todos.

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