La reforma judicial mexicana: entre risas y realidades
En un evento reciente en la Escuela de Derecho de Harvard, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena desató, involuntariamente, la risa de una audiencia internacional al exponer algunos de los requisitos que propone la reforma judicial de México. Con figuras del calibre de Laurence H. Tribe, Raúl C. Pangalangan y Mary Arden presentes, la reacción fue instantánea y reveladora: el sistema que se intenta implementar en nuestro país genera desconcierto, incluso hilaridad, en los escenarios más prestigiados del mundo.
El episodio refleja una realidad incómoda: la percepción internacional de México como un país que, en lugar de fortalecer sus instituciones judiciales, parece trivializarlas. No se puede ignorar el impacto que una reacción como esta tiene en la reputación del país. Para los observadores externos, la idea de que jueces y magistrados federales puedan ser electos en función de un promedio académico de 8 y cinco cartas de recomendación de vecinos es desconcertante, por decir lo menos.
Sin embargo, lo más preocupante es la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. En lugar de contrarrestar con un argumento sólido, defendió la reforma desde una perspectiva emocional, nacionalista, afirmando que «nadie se burla de los mexicanos» y llamando a investigar la corrupción del Poder Judicial. Si bien la corrupción es un problema grave que ha afectado profundamente a México, evocar ese argumento en este contexto parece una distracción más que una defensa real de la reforma.
Lo que se necesita es un análisis crítico sobre la propuesta misma. ¿Realmente garantizará mayor justicia que los jueces sean electos por voto popular? El Poder Judicial es, por su naturaleza, un contrapeso institucional que debe estar basado en la imparcialidad y la competencia técnica, no en la popularidad. Aunque la corrupción debe ser erradicada, no es el voto popular el mecanismo más adecuado para asegurar la independencia y calidad del Poder Judicial.
El proceso de selección de jueces debe ser riguroso, y no dar pie a este tipo de reacciones burlescas en foros internacionales. Lo sucedido en Harvard debería ser una llamada de atención, no solo para quienes impulsan la reforma, sino para todo el país. Si México quiere tener un Poder Judicial sólido y respetado, tanto dentro como fuera de sus fronteras, debe garantizar que la reforma esté a la altura de las expectativas democráticas y de justicia que todos los ciudadanos merecen.
En lugar de hacer caso omiso de las críticas o buscar justificaciones en temas adjuntos, la verdadera tarea es mejorar el contenido y el diseño de la reforma judicial. Las instituciones democráticas fuertes se construyen con seriedad, competencia y profesionalismo, no con reformas que provocan risas en los auditorios más prestigiosos del mundo.
