El humanista/ Javier Aguilar Roque

El peligro del desequilibrio de poderes: un análisis

La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia, garantizando que las leyes se apliquen de manera justa y sin influencias externas. En el capítulo titulado “La reforma al Poder Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección —por voto popular— de sus integrantes”, el investigador César Astudillo advierte sobre los graves peligros que conlleva una reforma que busca modificar la elección de los miembros del Poder Judicial mediante el voto popular.

La Propuesta de Reforma y sus Consecuencias.

Cese Masivo y Pérdida de Independencia.

Astudillo señala que de aprobarse la iniciativa, se producirá un cese inmediato de 1,665 ministros, magistrados y jueces. Este cambio no solo representaría una interrupción masiva en el funcionamiento del Poder Judicial, sino que también implicaría una pérdida significativa de la experiencia y el conocimiento acumulados por estos funcionarios.

Además, obligar a los juzgadores a incursionar en el terreno electoral implica una grave amenaza a su independencia e imparcialidad. Los jueces, que deberían mantenerse alejados de las influencias políticas, se verían forzados a tomar decisiones basadas en criterios de interés político, alejándose de la objetividad y justicia que deben caracterizar sus funciones.

Riesgo para la Democracia y los Derechos Ciudadanos

Astudillo advierte que sin un Poder Judicial independiente, la ciudadanía quedará desprotegida. La fractura de la independencia judicial compromete el núcleo genético del Estado constitucional, cuyo rol esencial es controlar la razonabilidad del poder. La capacidad del sistema democrático para proteger y efectivizar los derechos y libertades de los ciudadanos se vería gravemente debilitada.

Este desequilibrio de poderes pone en riesgo la salud del sistema democrático al erosionar los mecanismos de control y balance que permiten una democracia funcional. La falta de un contrapeso efectivo puede derivar en abusos de poder y en la creación de un entorno donde las decisiones judiciales sean dictadas por intereses políticos en lugar de la justicia y el derecho.

Análisis Comparativo

Casos Internacionales.

La experiencia internacional ofrece múltiples ejemplos de las consecuencias negativas de un Poder Judicial politizado. En países donde los jueces son elegidos por voto popular o donde hay una fuerte influencia política en su nombramiento, la justicia suele ser menos imparcial y más susceptible a la corrupción y el favoritismo.

Por ejemplo, en algunas jurisdicciones de Estados Unidos donde los jueces son elegidos, se ha observado que las decisiones judiciales pueden estar influenciadas por las donaciones de campaña y por la necesidad de los jueces de alinearse con los intereses de los electores y donantes. Esto crea un sistema donde la justicia puede ser vista como parcial y donde los jueces pueden sentirse presionados a tomar decisiones que les aseguren su reelección, en lugar de actuar conforme a la ley y la equidad.

El Contraste con Sistemas Judiciales Independientes.

En contraste, los países con un Poder Judicial claramente independiente tienden a tener sistemas legales más justos y menos corrupción. La capacidad de los jueces para tomar decisiones sin temor a represalias políticas y sin la necesidad de buscar el favor del electorado es crucial para la protección de los derechos humanos y el mantenimiento del estado de derecho.

Conclusión.

El peligro del desequilibrio de poderes, tal como advierte César Astudillo, es real y significativo. La reforma propuesta no solo amenaza con desestabilizar el Poder Judicial mexicano, sino que también pone en riesgo la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Un Poder Judicial independiente es esencial para mantener la democracia y garantizar que todos los ciudadanos reciban un trato justo ante la ley. La historia y la experiencia internacional nos muestran que la politización de la justicia conduce a la corrupción y la injusticia, lo que hace imperativo que se preserve y fortalezca la independencia judicial en cualquier proceso de reforma.

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