¿Hasta dónde llega la escuela?
Cada vez que ocurre un caso de bullying, acoso o una pelea afuera del plantel, la pregunta aparece con fuerza: ¿de quién es la responsabilidad? La respuesta no puede seguir siendo ambigua ni cargarse, por inercia, sobre los hombros del maestro. Urge un marco legal claro que regule los reglamentos escolares y delimite responsabilidades con precisión, sin simulaciones ni excesos.
Las escuelas no pueden seguir operando con normas internas frágiles, desiguales y, en muchos casos, sin sustento jurídico. El bullying y el ciberacoso ya no se limitan al aula; cruzan horarios, pantallas y calles. Sin reglas claras, se improvisa: se castiga de más o se omite actuar, se vulneran derechos o se normaliza la violencia. Ambos extremos son igual de dañinos.
Pero también es necesario decirlo con claridad: la responsabilidad del personal docente no es ilimitada. La escuela tiene el deber de proteger a niñas, niños y adolescentes durante el tiempo y los espacios bajo su supervisión directa. ¿Qué pasa al salir del portón? ¿Al cruzar la calle? ¿A treinta metros del plantel? Sin una regulación explícita, se crea una zona gris donde el miedo sustituye a la pedagogía y la amenaza legal paraliza la labor educativa.
En Chiapas, el desafío es mayor. La migración, la movilidad constante y la vulnerabilidad social colocan a muchas infancias en riesgo de discriminación, acoso y violencia. Esto exige reglamentos con enfoque intercultural, preventivo y restaurativo, no punitivo; leyes que protejan a los estudiantes sin convertir a los docentes en responsables universales de todo lo que ocurre fuera del aula.
Regular no es controlar, es dar certeza. Un marco legal sólido permitiría prevenir la violencia, proteger derechos y definir límites claros. Porque la escuela no puede hacerlo todo sola, pero tampoco puede seguir navegando en la indefinición. Y porque educar en paz también es una responsabilidad del Estado.
