La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial de la Federación, ha estado en la discusión pública por la manera en que una de sus integrantes desplegó sus esfuerzos para obtener el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta discusión ha pasado de cuestionar la integridad de la persona involucrada hasta acusar a la institución educativa de prestarse a una campaña de desprestigio contra quien redactó la tesis y contra el gobierno en turno.
Ante la creciente polémica, el rector de la Universidad Nacional, en un acto poco común, realizó una declaración a la comunidad universitaria y la sociedad mexicana, reuniendo, para esta ocasión, a todo el cuerpo directivo de la UNAM (titulares de escuelas, facultades, centros e institutos, y de dependencias de la administración central). La expectativa era alta. Se llegó a considerar que se anunciaría el retiro del título.
Antes de este mensaje, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, por medio de su Comité de Integridad Académica y Científica, dio a conocer un dictamen en el que se manifiesta que la tesis, motivo de la polémica, presenta una “copia sustancial”. La legislación universitaria, de acuerdo con la opinión de la Oficina de la Abogacía General de la univerisdad, no otorga la facultad al rector o a algún otro cuerpo colegiado de la UNAM de retirar o anular un título profesional por esos motivos.
Esta opinión también fue objeto de crítica e incluso se dijo que la UNAM –y su rector– si bien no eran cómplices, vacilaban por temor a la reacción del Presidente de México ya que la egresada es cercana a él. No obstante, conviene tener presente el principio de legalidad, olvidado de vez en vez, en este tiempo: las autoridades sólo pueden hacer lo que expresamente la ley les faculte. La idea es clara: ninguna persona o cuerpo, sujeto de derecho público, puede ir más allá de la norma.
Sí, la ley es la ley. Esta es una de las murallas que protegen a la ciudadanía de la arbitrariedad y abusos del poder. De los caprichos, de los arrebatos y de las vengazas de las autoridades.
La Universidad, representada por el rector, ha reconocido el problema existente y, por ello, se han puesto a disposición más de un centenar de licencias de programas informáticos para identificar similitudes en los trabajos recepcionales; el Consejo Universitario, por medio de unas de sus comisiones, trabaja para realizar las reformas a la legislación de la UNAM para evitar situaciones similares; se recindió el contrato con la profesora que se desempeñara como asesora del cuestionado trabajo de titulación; en fin, se rastrea en la plataforma digital de tesis de la UNAM si existen más situaciones así.
Con todo, el tema no está cerrado. El Comité Universitario de Ética que se desprende de la Comisión de Honor del Consejo Universitario estudia el caso con la finalidad de agotar el debido proceso. Será el máximo órgano colegiado de autoridad, como lo es el Consejo Universitario, el que determine si son necesarias otras acciones.
Hay que insistir: la responsabilidad en este tema es clara. Quien debe dar explicaciones es quien plagió. La institución, por su parte, debe actuar con base en la norma.
La UNAM tiene un asunto peliagudo y deberá resolverlo con la fuerza de la razón y con el respeto a las leyes mexicanas, como lo ha hecho en otras ocasiones. Ahí radica su reputación y, por ello, goza de autonomía.
