Tras la promulgación dela Reforma Judicial, el siguiente paso es la militarización de la Guardia Nacional, reforma que seguramente será más polémica que la batalla en el Poder Judicial; al mismo tiempo, se debatirá una iniciativa a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos
Aquínoticias Staff
El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa una serie de reformas bajo su Plan C, con una estrategia que ha desatado debates acalorados en México. Después de la reciente promulgación de la reforma judicial, el siguiente paso es la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una medida que ha generado preocupación entre opositores y defensores de los derechos civiles.
Al mismo tiempo, se está debatiendo una reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, lo que añade otra dimensión crítica al contexto político actual. Ambas iniciativas parecen destinadas a ser aprobadas rápidamente gracias a la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso.
Guardia Nacional: ¿un cuerpo militarizado?
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional fue establecida como una fuerza de seguridad pública de carácter civil, adscrita inicialmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sin embargo, el traspaso de esta corporación a la Sedena, propuesto por el presidente López Obrador y respaldado por Morena, transformaría por completo su naturaleza, haciéndola parte de la Fuerza Armada permanente.
El dictamen que facilita esta transferencia fue aprobado el pasado 22 de agosto en comisiones, con 22 votos a favor de Morena y aliados, y 18 en contra por parte de la oposición. El documento propone modificar la Constitución para que la Guardia Nacional, ahora bajo control militar, asuma responsabilidades adicionales en la investigación de delitos, lo que amplía significativamente su alcance y poder.
Este cambio implica que la Guardia Nacional no solo apoyará en tareas de seguridad pública, sino que también ejecutará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública bajo la supervisión directa de la Sedena. Este traspaso es visto como un paso más hacia la militarización de la seguridad en México, lo que ha generado preocupación tanto en el ámbito nacional como internacional.
La resistencia judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había bloqueado un intento previo del gobierno de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, al considerar que dicho traspaso violaba la Constitución, que establece que las fuerzas de seguridad pública deben tener un mando civil. En abril de 2023, la Corte declaró inconstitucional el decreto presidencial que intentaba esta transferencia, con una mayoría de 8 votos en contra.
Pese a este fallo, la iniciativa sigue adelante. El senador morenista Ignacio Mier ha confirmado que la Cámara de Diputados discutirá el dictamen el 18 de septiembre, con la expectativa de que sea aprobado rápidamente en ambas cámaras. Mier señaló que el tema de la Guardia Nacional es parte fundamental de la segunda fase del Plan C.
El debate de pueblos indígenas y afromexicanos
Junto con la polémica reforma de la Guardia Nacional, también está sobre la mesa una reforma constitucional en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos. Este dictamen, discutido en paralelo, busca reconocer y proteger los derechos de estos grupos, promoviendo su inclusión y garantizando un marco legal que asegure el respeto a sus costumbres y formas de gobierno.
El tema ha sido central en la agenda del presidente López Obrador, quien ha subrayado la importancia de la justicia social y el respeto a la diversidad cultural en México. Sin embargo, esta reforma también ha enfrentado obstáculos y críticas, principalmente por parte de quienes argumentan que no aborda de manera suficiente los problemas estructurales que afectan a estos grupos, como la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos.
Implicaciones políticas y sociales
La integración de la Guardia Nacional a la Sedena, sumada a la reforma indígena, marca un momento crucial en la Cuarta Transformación que lidera López Obrador. La rápida aprobación de estas reformas pone en evidencia la capacidad del gobierno para avanzar con su agenda legislativa, pero también plantea preguntas sobre el futuro de la democracia y el estado de derecho en México.
La militarización de la seguridad pública ha sido un tema recurrente en la administración de López Obrador, que sostiene que es necesaria para combatir el crimen organizado y reducir la violencia. Sin embargo, críticos de la medida advierten que una mayor presencia militar en tareas policiales podría derivar en violaciones de derechos humanos y en la erosión del control civil sobre las fuerzas de seguridad.
La organización Human Rights Watch, por ejemplo, ha señalado que “el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena va en contra de las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad pública”, advirtiendo que la militarización en otros países de América Latina ha conducido a abusos sistemáticos.
Un futuro incierto
Con la probabilidad de que ambas reformas sean aprobadas en las próximas semanas, México se enfrenta a un cambio profundo en su estructura de seguridad y en la relación del Estado con sus pueblos originarios. Si bien la consolidación de la Guardia Nacional bajo la Sedena podría proporcionar un mayor control en el combate a la delincuencia, también genera riesgos para los derechos y libertades civiles.
Por otro lado, la reforma indígena representa un avance en la protección de derechos, aunque sigue siendo necesario un compromiso más profundo para garantizar su implementación efectiva. Lo que es claro es que el Plan C del presidente López Obrador continuará siendo un tema divisorio en el panorama político mexicano.
Con información de Proceso
