Luego del fallo a favor de Chenalhó, la tensión en ésta última zona se incrementó, así lo anunció el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]uego que el pasado miércoles el Tribunal Unitario Agrario (TUA) otorgara el fallo a favor del municipio de Chenalhó, en relación al conflicto de límites territoriales que sostiene desde hace más de 40 años con Chalchihuitán, la tensión en esa zona se incrementó, así lo anunció el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez.
El sacerdote, quien ha presenciado y documentado el contexto de desplazamiento de las más de cinco mil personas de Chalchihuitán, comentó que el dictamen que dio dicha autoridad puede propiciar agresiones de grupos armados contra los desplazados de las comunidades de ese municipio, para lograr una «verdadera paz», de acuerdo con información retomada de la página de Facebook Gráfico Chiapas.
«Nos han informado que a un día después de haberse dado el fallo del tribunal a favor de Chenalhó comenzaron de nueva cuenta los disparos de arma de fuego en esa zona para meter más miedo en las familias» señaló.
También aclaró que las versiones de autoridades federales y estatales sobre la normalización de las actividades y vida cotidiana de las desplazados, es falsa; las familias que fueron despojadas de sus viviendas todavía viven en condiciones deplorables, según dicho medio.
Mientras tanto, autoridades y pobladores de las 37 comunidades del municipio de Chalchihuitán acordaron impugnar el fallo del TUA.
Asimismo, habitantes de Chalchihuitán informaron, durante una asamblea realizada el viernes en la plaza central, que también convinieron no recibir los 15 millones de pesos de compensación, las 300 viviendas ofrecidas por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ni los proyectos productivos para todos los pobladores. Esto, con información retomada de La Jornada.
Las autoridades de dicho municipio indicaron que es falso que haya ganado Chenalhó; lo que hay es un empate, porque no fue en favor de uno ni de otro.
De igual forma, agregaron que llegaron al acuerdo de cambiar de abogado, porque consideran que no ganaron el caso debido al mal desempeño del defensor.
Por su parte, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas analizó el veredicto, que invalida el deslinde que la misma Secretaría de la Reforma Agraria hizo hace 45 años y ordena a la Sedatu realizar uno nuevo. Es un despojo de las hectáreas que el mismo gobierno había dotado legalmente a Chalchihuitán, según el medio nacional.
En tanto, un documento firmado por el consejo de pastoral, encabezado por el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, expone que quienes habitaron esas tierras no eran invasores, sino campesinos pobres que poseyeron de buena fe lo que se les concedió por escrito de una resolución presidencial.
Lo predijeron
Esta tensión ya había sido advertida con anterioridad. En representación de los agentes de pastoral del Equipo Tzotzil, Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, vertió su opinión respecto al conflicto: duda que el problema agrario se pueda resolver con un documento.
El religioso comentó no comprender la falta de acción del gobierno federal y estatal para controlar al grupo de armados que tiene en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán; dijo que esta indiferencia ha agravado el histórico conflicto entre dichos poblados.
Con base en información retomada de La Jornada, Ituarte agregó que «(…) Recibimos noticias de que los sujetos armados están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado en curso».
Sostuvo lo anterior de acuerdo con algunas denuncias donde se expone que los grupos fueron dotados de armamento por la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez.
Ante esta crisis humanitaria que sufren más de 5 mil personas desplazadas, exigió a las autoridades federales, estatales y municipales, intervenir de manera urgente para resolverla; así como dar una solución integral a este añejo problema que se ha agravado más que cualquier otra situación de este tipo.
En el documento, que tiene el consentimiento del obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, Ituarte Verduzco aseveró que las medidas que el gobierno estatal ha tomado para atender la emergencia alimentaria y sanitaria no han sido suficientes, ya que el problema limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán ha crecido hasta parecer inmanejable».
A pesar de que se anunció la resolución del TUA sobre este conflicto, el vicario expresó que les preocupa cuál sea su sentido.
«No basta un documento de escritorio desde Ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves. La larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no sólo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar», señaló Ituarte Verduzco.
Las autoridades, demandó, «deben reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los derechos humanos y a la Constitución».
