Pese a la aprobación de leyes que robustecen a la Reforma Judicial, existen retos como la fiscalización de recursos y la capacitación de funcionarios electorales que el órgano electoral solo puede sortear con enmiendas adicionales
Aquínoticias Staff
Con la reciente aprobación de la legislación secundaria para la elección del Poder Judicial, México se enfrenta a un proceso sin precedentes en su historia democrática. A pesar de los avances legislativos, aún persisten importantes retos para el Instituto Nacional Electoral (INE), el encargado de llevar a cabo esta elección. Entre los desafíos que deberá resolver están la fiscalización de los recursos, la capacitación de los funcionarios electorales, la integración de las mesas de casilla y la asignación de tiempos en medios de comunicación, como radio y televisión. Todo esto enmarcado en una normativa nueva y compleja que impone restricciones específicas sobre el financiamiento y la promoción de los candidatos.
Una de las reformas clave establece que los candidatos a jueces y magistrados no podrán recibir financiamiento público ni privado. Los gastos de campaña, limitados a un tope definido por el INE, deberán cubrirse con aportaciones propias de los candidatos, quienes no podrán superar el límite fijado para los candidatos independientes en elecciones anteriores. Como referencia, en el proceso electoral de 2024, este límite fue de 220 mil 326 pesos. Esta medida busca asegurar la equidad en la contienda, pero también impone una restricción considerable, ya que los recursos disponibles solo podrán utilizarse para cubrir viáticos, traslados y otros gastos personales, dejando fuera la posibilidad de ofrecer bienes o servicios en especie.
La campaña electoral, que durará 60 días, se enfocará en la presentación de propuestas sobre la función jurisdiccional, aunque con varias limitaciones. No se permitirá la participación de partidos políticos ni de servidores públicos, quienes tendrán prohibido manifestarse a favor o en contra de los candidatos. A pesar de estas restricciones, aún no se han definido las sanciones específicas en caso de incumplimiento, lo que deja un vacío importante en la normativa.
Otro de los grandes retos que enfrenta el INE es la creación de una nueva cartografía electoral, pues los actuales 300 distritos electorales no coinciden con la estructura judicial. En diciembre próximo, el órgano de administración judicial deberá entregar al INE la división territorial por circuitos judiciales, detallando los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito que serán electos en cada región. A partir de esta información, el INE deberá ajustar su logística electoral y coordinar la integración de mesas directivas de casilla, además de emitir acuerdos sobre la ubicación y composición de estas mesas.
En cuanto a la fiscalización, el INE tendrá que regular el uso de las redes sociales por parte de los candidatos, un aspecto crucial dada la creciente influencia de estas plataformas en las campañas políticas. A pesar de las limitaciones sobre financiamiento y tiempos en medios tradicionales, los candidatos podrán promoverse libremente en sus redes sociales, lo que plantea la necesidad de establecer mecanismos de control sobre los gastos y la equidad en el acceso a estas herramientas.
Otro punto pendiente es la estrategia de capacitación de los supervisores y capacitadores electorales, quienes son responsables de instruir a los ciudadanos que integrarán las mesas de casilla. En este proceso, el INE podría implementar, por primera vez, capacitaciones y simulacros en línea para agilizar la formación de los funcionarios electorales, adaptándose a la especificidad de la elección judicial y al número de cargos en disputa en cada circuito.
El exconsejero electoral Marco Baños ha señalado que, aunque la reforma ofrece un marco general, la interpretación de la ley sigue siendo amplia en varios aspectos, por lo que el INE aún tiene mucho trabajo por delante para emitir los acuerdos necesarios. Entre ellos, la aprobación de los formatos de debate para los candidatos y la distribución de tiempos oficiales en medios de comunicación. La boleta electoral, un elemento clave para la jornada, también deberá ser diseñada conforme a las especificaciones de los cargos en disputa, lo que representa un desafío logístico adicional.
La inédita elección de jueces y magistrados en México marca un hito en la consolidación de la Cuarta Transformación, pero también pone a prueba la capacidad del INE para adaptarse a un proceso completamente nuevo. La complejidad de la elección, sumada a las restricciones impuestas por la ley, requerirá una coordinación meticulosa entre los órganos judiciales y el instituto electoral. Asimismo, será crucial la fiscalización y el monitoreo de las campañas para garantizar que los aspirantes cumplan con las nuevas normativas y que la elección se desarrolle con transparencia y equidad.
Aunque se han dado pasos significativos en la legislación, la implementación efectiva de este proceso depende de los acuerdos y lineamientos que el INE deberá emitir en los próximos meses. La creación de una cartografía adecuada, la integración de mesas de casilla y la regulación de los tiempos en medios serán factores determinantes para el éxito de la elección. Sin embargo, quedan dudas sobre cómo se manejará la promoción en redes sociales y la fiscalización de los recursos que los candidatos puedan utilizar, aspectos que también deberán ser cuidadosamente supervisados para evitar desbalances en la contienda.
En definitiva, la elección judicial que se avecina no solo inaugura un nuevo capítulo en la historia democrática del país, sino que también exige un alto nivel de coordinación institucional para resolver los desafíos técnicos y logísticos que plantea. El INE, con su experiencia en la organización de elecciones a nivel nacional, enfrenta ahora el reto de adaptarse a una estructura judicial compleja y diversa, garantizando que este proceso se lleve a cabo con justicia y transparencia para todos los actores involucrados.
