La elección del 6 de junio del siguiente año servirá para dar especial atención a la renovación de los Ayuntamientos donde aún hay escasa participación de mujeres en cargos edilicios y consolidar el mecanismo de cuotas de representación política para grupos vulnerables como las comunidades indígenas
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. De cara al proceso electoral de 2021 es necesario elevar la exigencia a instituciones, partidos, actores políticos y medios de comunicación, para que la paridad legislativa sea un punto de partida para avanzar hacia la paridad en todo, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
En el foro virtual «Los compromisos y retos para garantizar el sufragio de las mujeres ante la discriminación, violencia y contingencia sanitaria», que se realizó para conmemorar el 67 aniversario del voto de las mujeres en México, el consejero explicó que un propósito durante el proceso electoral debe ser exigir el cumplimiento de la paridad.
En particular señaló que la elección del 6 de junio del siguiente año servirá para dar especial atención a la renovación de los Ayuntamientos donde aún hay escasa participación de mujeres en cargos edilicios y consolidar el mecanismo de cuotas de representación política para grupos vulnerables como las comunidades indígenas.
A partir del 6 de junio de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a nueve artículos constitucionales (2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115) en materia de paridad entre los géneros, se instituyo «la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público» como un principio para integrar a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos, lo que se conoce como «paridad en todo».
Al inicio del encuentro la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho, reconoció al INE por el esfuerzo para hacer realidad la iniciativa «#3de3ContraLaViolencia», una propuesta de feministas y sociedad civil para evitar que agresores sexuales, violentadores de mujeres y deudores de pensión alimenticia sean candidatos a cargos de elección popular.
La legisladora expuso que por una resolución emitida en julio pasado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ordenó al INE conformar un registro nacional de personas que han ejercido actos violencia política por razón de género. Por esa determinación, el INE deberá integrar una lista de agresores como una medida preventiva de violencia.
Este avance es en concordancia con la iniciativa 3 de 3 y Sauri Riancho agregó que en muchos casos los agresores de las mujeres, en la familia o en espacios escolares o académicos, son los mismos funcionarios que deben tutelar bienes como la libertad, la seguridad y la sana convivencia.
Ahora, mencionó, de lo que se trata es de impedir que quienes aspiren a un cargo público de elección o designación y tengan antecedentes, denuncias o sentencias, ya sea como deudores de pensión alimenticia, acosadores, o hayan ejercido algún tipo de violencia en razón de género, incluso en el ámbito familiar, sigan ejerciendo actos de violencia en las contiendas electorales o en el desempeño de sus cargos públicos.
En su participación, la también exgobernadora de Yucatán dijo que el derecho al sufragio de las mujeres no puede darse por sentado cuando se tiene enfrente una serie de restricciones y cargas de trabajo no pagado adicionales, que muchas mujeres están enfrentando ahora que se han convertido en asistentes escolares, enfermeras domésticas y cuidadoras de doble tiempo completo, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.
Agregó que en el ámbito del ejercicio de los derechos políticos se requiere de los liderazgos de mujeres en los procesos de elección popular, pero también en el desempeño de los cargos públicos, una poderosa razón que muestra la urgencia de contar con una política nacional de cuidados.
Por su parte el magistrado del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, dijo que es fundamental aplicar el principio constitucional de paridad en todo y erradicar la violencia política en contra de las mujeres.y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres antes, durante y después de las elecciones.
Señaló que desde la Sala Superior se han aprobado medidas cautelares para que las autoridades sin mayor dilación tomen las medidas necesarias para proteger la integridad y seguridad física de las mujeres, cuando así se justifica, a fin de que mientras se resuelve el fondo del asunto se encuentren protegidas y, en su caso, aquí se evita la posible violencia política de género en su contra.
Expuso que ordenar la integración de una lista de personas infractoras en materia de violencia política de género no es una doble pena, sino una medida para disuadir posibles agentes generadores de violencia. Esta lista, dijo, es una acción afirmativa y una garantía de no repetición y tiene el objeto de eliminar la discriminación y violencia en contra de las mujeres.
El magistrado Fuentes Barrera explicó que el órgano jurisdiccional ya está diseñando una campaña de difusión y sensibilización de los criterios judiciales con enfoque de género y detalló que el ámbito administrativo apoyará a las mujeres para hacer exámenes y generar personas habilitadas a fin de participar en los espacios jurisdiccionales del TEPJF.
