La lista nominal definitiva de electores para la jornada de este domingo se integra por 98 millones 329 mil 591 personas que podrán emitir su sufragio. Por género, el listado nominal nacional se integra por 51 millones 103 mil 424 mujeres (el 52%), 47 millones 226 mil 62 hombres (48%) y 105 personas no binarias.
Desde la promulgación de la Constitución mexicana de 1917 y hasta 1953 cuando se permitió a las mujeres votar y ser votadas, trascurrieron 35 años sin que pudieran ser sujetas de derechos políticos y electorales, la primera elección federal en la que pudieron sufragar tuvo lugar en julio de 1955. Casi seis décadas después, en febrero de 2014 se promulgó la reforma político-electoral en materia de paridad de género que elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso de la Unión y los Congresos locales.
Establecidos los principios de paridad, igualdad y no discriminación, los partidos políticos tienen la obligación de postular el mismo número de candidaturas de ambos géneros tanto en la integración de los poderes de la Unión, como a las gubernaturas, congresos locales y alcaldías. En los comicios de este 2 de junio habrán de elegirse 20 mil 700 cargos en los tres órdenes de gobierno.
En años recientes se han multiplicado los ejemplos de buenos gobiernos encabezados por mujeres, particularmente en el ámbito local. Miles de candidatas buscan refrendar su gestión sobre la base de administraciones transparentes y eficientes con los recursos públicos. Sin embargo, la oferta electoral dirigida a mujeres encuentra limitaciones.
La igualdad sustantiva va más allá del otorgamiento de apoyos económicos o subsidios a las 67 millones de mujeres que vivimos en el país. Deben garantizarse derechos de forma efectiva a: un trabajo digno y salarios justos; a vivir en entornos seguros; al castigo efectivo y sin dilación de sus violentadores; a sistemas de salud que atiendan y resuelvan con prontitud sus enfermedades y cirugías; a terminar con la revictimización de madres buscadoras; a guarderías y estancias infantiles y, sobre todo, a que este país cuente con un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca y valore el trabajo no remunerado de los hogares que equivale al 24.3% del PIB nacional.
Se trata en suma, de impulsar una agenda de género sostenible, adecuada y pertinente que acelere los cambios legales y constitucionales que hasta ahora hemos logrado. No podemos esperar 60 años más para superar los desafíos que ahora enfrentamos.
Somos el 51.7% de la población. Aportamos y generamos riqueza al país en condiciones sumamente adversas. En el campo, en la ciudad, en la oficina, en el consultorio o en el mercado hemos conquistado espacios con esfuerzo propio y sin ninguna concesión. Decimos ¡Basta! al machismo y la indiferencia, a la discriminación y a la exclusión que se alienta desde la esfera pública.
El 2 de junio votamos por reivindicar nuestra presencia y el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Votamos por una sociedad que nos respete y que respalde nuestras demandas colectivas. En lo personal anhelo, como muchas, un país sin impunidad, con presupuestos y políticas públicas con perspectiva de género que enarbole las causas de casi el 52% de la población, lo que supondría pasar de los dichos a los hechos.
