Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unam hacen un análisis de lo que ha significado la contingencia sanitaria para las democracias en Latinoamérica
Aquínoticias Staff
La pandemia representa un desafío inédito para los sistemas democráticos y, concretamente, para la dimensión electoral de las democracias, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al participar en el Seminario Democracia, Estado de derecho y COVID-19, efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
«Hoy tenemos un proceso de falta de credibilidad y desinstitucionalización, dos de los pilares sin los cuales la democracia es inconcebible; me refiero a los partidos políticos y a los parlamentos, y a la lógica de erosión en términos de su credibilidad pública». Asimismo, la irrupción de las redes sociales ha generado una potenciación del riesgo que la mentira tiene en la recreación de los sistemas democráticos, y hay una polarización política aderezada de intolerancia.
A pesar de la pandemia, las pasadas fueron las elecciones intermedias (2021) con el mayor índice de participación ciudadana, casi 53 por ciento; la confianza en el Instituto se mantiene y sigue siendo la institución civil del Estado mexicano con mayor confianza pública, con 64 por ciento.
Durante la mesa «Elecciones y participación ciudadana en tiempos de pandemia», que reunió también a expertos del IIJ, la secretaria académica de esta entidad académica, María Marván Laborde, recordó:
En un momento de difícil legitimación de la democracia llegó la pandemia y presionó sobre los gobiernos y su proceso de legitimación, y además a los Estados. Se tomaron medidas sanitarias para proteger el derecho a la salud, lo cual pareció justificar una serie de acciones sobre libertades básicas que se daban por sentadas, como la de libre tránsito, aunque al respecto hubo diferencias entre naciones.
No obstante, en México las amenazas más fuertes a la democracia no han pasado por la pandemia. Cuando a un diputado le decimos traidor a la patria porque vota en contra de una determinada iniciativa, en realidad se trata de un ataque autocrático a una institución democrática, opinó.
En su participación, la investigadora de esa entidad académica, Flavia Freidenberg Andrés, expuso que hay una serie de aprendizajes que dan cuenta que durante la emergencia sanitaria los organismos electorales se han adaptado a reglas de juego que no les eran propicias. El mexicano es un caso claro: el INE tuvo la capacidad de reinventarse, y esa experiencia también ocurrió en casos como el peruano o dominicano.
Los partidos políticos también lo hicieron y emprendieron una nueva manera de hacer campañas electorales, en el territorio digital, en tanto que la ciudadanía frente al hecho de votar o no, de estar contagiado pero ejercer ese derecho, desarrolló acciones que dieron cuenta de un incremento de la participación, como ocurrió en Ecuador. La crisis sanitaria golpeó a las democracias latinoamericanas en momentos donde estas ya lo estaban, pero han tenido la capacidad de resiliencia, consideró.
Juan Jesús Garza Onofre, también investigador del IIJ, subrayó que nunca antes en la historia mexicana se había pospuesto una elección para evitar arriesgar la salud de la ciudadanía, hecho que ocurrió en 2020 en Hidalgo y Coahuila. «Ante lo desconocido y lo imprevisible, se tiene que poner en acción el sentido de corresponsabilidad, empatía o prudencia». Para 2021 se aprendió sobre lo sucedido: que la democracia no puede depender enteramente de reglas interpretadas a su literalidad.
Los partidos políticos que debían organizar asambleas, giras, mítines, no podían tener contacto con la ciudadanía; por ello, varios llevaron las campañas a las redes sociales. Ante la falta de «calle», algunos desataron guerra sucia mediante noticias falsas, mensajes de texto, llamadas telefónicas o memes para generar desconfianza en el electorado. Las autoridades electorales y la ciudadanía quedaron rebasados por el desconocimiento de dinámicas que se desprenden del abuso de los medios digitales, apuntó.
Al hacer uso de la palabra, el investigador Javier Martín Reyes destacó la capacidad del INE para generar consensos, pacificar el conflicto y encontrar soluciones políticamente viables y socialmente aceptables en situaciones como la suspensión de las elecciones en las mencionadas entidades; se tomó la decisión de poner pausa a la democracia y fue de enormes consecuencias: «nunca habíamos visto una determinación de ese tipo».
Fue un asunto que generó un amplio consenso entre los actores políticos relevantes y la ciudadanía. No se presentaron juicios ciudadanos ni cualquier otro tipo de impugnación para controvertir la determinación. Fue incuestionable la capacidad del Instituto para generar consensos, reiteró.
En la mesa «COVID-19: la universalidad de los derechos a prueba», la investigadora del IIJ, Mónica González Contró, recalcó que durante la pandemia, la respuesta de los Estados frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes fue adultocéntrica; es decir, todo se hizo a partir de la perspectiva de los adultos; anticonvencional (o contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño) y discriminatoria.
En México, luego de que en el periodo de crisis de la emergencia sanitaria no fueron prioridad y se abrieron restaurantes y centros comerciales antes que las escuelas, es necesario que se coloque a esas poblaciones en el centro de políticas públicas, así como impedir que haya cualquier retroceso en derechos garantizados, como los de educación, vacunación, atención a la salud y a la información.
La investigadora Alethia Fernández de la Reguera consideró que México no generó políticas ni programas para coadyuvar a que las personas migrantes pudieran enfrentar la crisis causada por la emergencia sanitaria. La capital del país tuvo algunos, focalizados, pero en general no se crearon, ni se activaron planes previos para esa población.
La pandemia llegó en un momento donde la estrategia gubernamental era realizar más detenciones; en la región somos la nación con mayor número de centros en la materia.
Para Karina Ansolabehere, investigadora del Instituto, en un entorno como el de México la pandemia no supuso un impase en la violencia y las prácticas de desaparición, sino que se reprodujeron dinámicas anteriores. Por ejemplo, en 2020 en 11 entidades federativas aumentó este fenómeno con respecto al año anterior, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato y Tlaxcala.
