Los derechos de las niñas y niños migrantes encabezan la lista de violaciones más frecuentes; la comisión estatal peca de omisión
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l organismo defensor de los Derechos Humanos en Chiapas se ha encargado, en los últimos años, de transgredirlos; la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que la entidad chiapaneca se ubica, tan solo por debajo de Oaxaca y Guerrero, como el estado con más quejas por violaciones a los derechos humanos en el país.
Son diversas las omisiones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que han sido documentadas por parte de organismos defensores –tanto nacionales como estatales– como es el caso de los conflictos políticos en Chenalhó, San Juan Chamula y Oxchuc, o los más de 10 feminicidios que se tienen contabilizados en el año, así como la falta de reconocimiento a las garantías individuales de los integrantes de la comunidad LGBTTTI.
Sin embargo, son contra las niñas, los migrantes y los casos de trata de personas, las violaciones más frecuentes en la entidad, esto de acuerdo con el magistrado del Tribunal Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ulises Coello Nuño.
Los sectores en los que reinciden los casos por violaciones a los derechos fundamentales desde hace años dijo, es el mismo, pero por tratarse de temas complejos como migrantes y política, ha sido complejo dar una pronta solución.
«Sabemos la molestia que existe con las instituciones encargadas de defender los derechos fundamentales, en ocasiones pueden demorarse y en algunos casos caer en el incumplimiento; desde el Poder Judicial se trabaja el tema de impartición de justicia y es importante que la gente sepa que si las instancias locales encargadas de defender los derechos humanos no reaccionan pueden acudir a la instancia federal.»
Niños y niñas migrantes como si no tuvieran derechos
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señala que Chiapas no ha creado sinergia de esfuerzos para hacer frente a los obstáculos que enfrentan los niños y niñas migrantes en la entidad.
La problemática es evidente, denuncian organizaciones encargadas de la defensa de los derechos constitucionales, que atribuyen a la falta de voluntad política que la pobreza extrema, la discriminación, deserción escolar y los embarazos a temprana edad se hayan intensificado, principalmente en la zona fronteriza del estado.
Y es que, a pesar que en el 2014, la CNDH emitió un informe de la recomendación 25/2007 sobre explotación infantil en la frontera sur, esta problemática se ha incrementado, ya que de acuerdo con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en Chiapas ocurren el 61 por ciento del total de las detenciones de niñas y niños migrantes en el país.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes indígenas, son varias las organizaciones que han denunciado las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran y que advierten que el clima de violencia e inseguridad que se vive en las zonas de conflicto, sumado a la ineficacia de las autoridades, los pone en mayor riesgo.
Al respecto, Ulises Coello admitió las condiciones de riesgo en las que se encuentra el sector, sin embargo, señaló que es necesario ser pacientes y comprender que en Chiapas los conflictos político-sociales son complejos y, que por el tema de usos y costumbres la violencia en dichas zonas ha aumentado.
La Redim denuncia que año con año los derechos humanos de la infancia chiapaneca son usados como parte del discurso político, sin embargo, en el estado no existen ni el presupuesto ni las acciones para hacerlos valer.
