La política social es el conjunto de programas institucionales para fortalecer el nivel de vida de la población, principalmente en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
Baja California Sur y Chiapas, son las dos entidades que menos avances en la construcción de sistemas estatales de monitoreo y evaluación de la política social en México han tenido en la última década, revela el Coneval.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), expone que entre 2011 y 2021, las entidades federativas, con sus distintas trayectorias incrementaron y fortalecieron la normativa y los instrumentos con los que monitorean y evalúan sus intervenciones de desarrollo social.
De tal manera, el organismo precisa que en 2021, 15 entidades federativas obtuvieron un puntaje mayor a 90 por ciento en el Índice del Avance en Monitoreo y Evaluación, lo que da cuenta del avance en la publicación de la información sobre programas sociales, asíÌ como de indicadores, evaluaciones y esquemas de seguimiento a resultados que son base para la construcción de un sistema de monitoreo y evaluación.
Por lo anterior, el Coneval puntualiza que los estados que destacan son Jalisco y Oaxaca, con un puntaje de 99.1 puntos en 2021; le siguen Hidalgo con 98.1 puntos, asíÌ como el Estado de México y Guanajuato con 97.2; mientras que Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Chiapas y Baja California Sur son los estados que registraron los menores puntajes en 2021, con 84.3, 79.6, 68.5, 63 y 59.3 puntos, respectivamente.
En la última década, el Consejo indica que Baja California Sur, Sinaloa y Chiapas registraron los puntajes más bajos. Estas últimas tres entidades, agrega que cuentan con normativa general sobre los criterios para crear programas, pero carecen de elementos específicos que otras entidades federativas siÌ contemplan.
En consecuencia, el organismo señala que tanto Baja California Sur, Michoacán y Chiapas, comparten tres áreas de oportunidad para mejorar, por lo que, aconseja a las entidades realizar y publicar sus evaluaciones, dar seguimiento a sus resultados y elaborar estudios, investigaciones y diagnósticos que permitan identificar problemáticas de desarrollo social en sus respectivos estados.
