Despidos masivos, un garrafal error de formas
Y las anomalías sobre los procedimientos de despidos masivos en algunas dependencias siguen saliendo a la luz con el paso de las semanas. Ahora el turno corresponde a la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) en la que ya se cocina tremendo lío con ex trabajadores a los que bajo presiones se corrió de la dependencia sin las correspondientes liquidaciones de ley.
Según declaraciones de ex trabajadores inconformes, fue el pasado 10 de enero cuando de manera tramposa se les obligó a firmar sus renuncias voluntarias a cambio de recibir los aguinaldos que ilegalmente se les había retenido durante más de 20 días. El argumento fue que se trataba de un mero trámite para para la entrega del dinero que, por cierto, les correspondería sin ninguna condición.
Ante el desconocimiento jurídico de los trabajadores y los engaños de la dependencia estatal, finalmente el pasado 15 de enero alrededor de 35 empleados de contrato fueron despedidos sin la obtención de las liquidaciones correspondientes. Muchos de ellos, según los denunciantes, con entre cuatro y 12 años de antigüedad; dejándolos con su aguinaldo como último ingreso económico.
Tanto la SEDEM como la Secretaría de Hacienda se han negado a escucharlos y entregarles sus finiquitos, por lo que hoy a través de los medios a su alcance han comenzado tratar de ser escuchados. No es único caso donde los procedimientos de despidos masivos excedieron los límites de la ilegalidad y la falta de ética.
Y es que, como ya varios expertos en la materia lo han señalado de manera muy precisa, si de verdad existía una necesidad de adelgazar la nómina burocrática de Chiapas, el procedimiento debió realizarse con mayor inteligencia, lógica y profesionalismo. Los tiempos y la cautela pudieron haber hecho las cosas diferentes a estas alturas, pero no fue así.
El problema que hoy enfrenta el gobierno de Manuel Velasco por el tema de los despidos masivos tiene su origen en las formas arbitrarias de aplicarse. La selección de los trabajadores sentenciados a la lista de liquidaciones no tuvo nada que ver con el rendimiento laboral, la productividad o la calidad en el servicio. Se basó exclusivamente en decisiones unilaterales a las que nada les importó la antigüedad o el desempeño del trabajador.
A las dependencias se le notificó de la decisión apenas unos días antes y eso se convirtió en una cadena de errores y abusos donde la base laboral terminó siendo la mayor perdedora. «El gobierno se acaba en dos años y tu litigio laboral podría durar más sin que tangas dinero en la bolsa para lo que viene», fue el argumento reiterativo a la hora de entregar muchas de las liquidaciones.
Por eso es importante que casos como el de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres no se queden en la impunidad, como muchos otros que seguramente deambulan en el anonimato del desconocimiento y el temor a meterse en problemas legales. Son asuntos que deben investigarse a fondo y resarcirse en caso de comprobarse.
La Secretaría de Hacienda deberá indagar lo sucedido en la SEDEM para descartar presuntas anomalías, pero también revisar y estar más atenta de que los despidos (que siguen sucediendo) al menos se hagan con forme a derecho y sin trampas de por medio.
