Tras cierre de Calera, caso Proactiva-Veolia sigue pendiente
Con la clausura de Cales y Morteros del Grijalva, después de una larga lucha ciudadana para detener el daño ambiental provocado al Parque Nacional Cañón del Sumidero, viejos casos de igual gravedad, como el de Proactiva (ahora Veolia) en Tuxtla Gutiérrez, han «levantado la mano» en la larga lista de pendientes que esperan a que la justicia finalmente también los alcance.
Lo que ha sucedido con el caso Proactiva-Veolia durante los últimos años no es asunto menor. La corrupción, complicidad e ineficacia de administraciones municipales a lo largo de más de 13 años han llenado de impunidad a la empresa que no sólo se ha enriquecido gracias a un millonario contrato amañado, sino también ha dejado una lastimosa factura de ambiental que sigue sin resolverse.
Proactiva llegó a Tuxtla el 15 de junio de 2006 cuando el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en ese entonces a cargo de la presidenta municipal interina Rosario Pariente Gavito, consumó el Contrato de Prestación de Servicios bajo condiciones de evidente desventaja para el municipio tuxtleco. Fue un asunto previamente negociado y priorizado por el entonces ex alcalde Juan Sabines Guerrero.
Desde ese momento los detalles del contrato fueron guardados en el más profundo de los hermetismos. Se trataba de un acuerdo a todas luces desproporcionado por un plazo de 20 años y un pago de 11 millones de pesos mensuales, además de una multa por rescindirse de manera anticipada (sin argumento alguno) que ascendía a casi mil millones de pesos.
Sin embargo, en el fondo, habían clausulas de recisión por incumplimiento en la prestación de servicios que nunca han sido hechas efectivas. Jaime Valls Esponda, Yassir Vázquez y Samuel Toledo Córdova se convirtieron en cómplices de la consumación contractual. Pero la transición o cambio de gobierno estatal tampoco significó una revisión a las operaciones de la empresa o el fin de su funcionamiento.
Pese a la promesas de figuras como Fernando Castellanos Cal y Mayor para revisar y rescindir el contrato poco se logró al respecto durante su administración municipal. Los intentos fueron inútiles. Nada distinto a lo ocurrido durante la primera mitad del gobierno de Carlos Morales Vázquez. El actual presidente municipal no sólo ha decidido ignorar las acusaciones de daño ambiental que se ciernen contra la empresa, también se ha convertido en un aliado público.
A Morales Vázquez poco le ha importando la medida cautelar número 1498-18, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los habitantes del Ejido Emiliano Zapata debido a los daños ambientales y afectaciones contra la salud provocadas por el relleno sanitario de la empresa Proactiva- Veolia; por el contrario, en 2019 decidió ampliar el contrato de prestación de servicios.
Y es que, Carlos Morales no es un personaje nuevo en el controversial tema. Durante su paso por la a Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) se convirtió muy pronto en foco de los señalamientos por el silencio y omisión que guardó en torno al caso, pese a las insistentes denuncias y exigencias de defensores ambientales para encabezar denuncias formales y procesos sancionadores contra la empresa.
Se negó flagrantemente a proceder contra Proactiva. Pese a la solicitud desesperada para que interviniera, finalmente nunca presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA). Se limitó a promover, mediante la procuraduría ambiental estatal, tres multas de apenas 20 mil pesos (cada una) durante los más de cinco años de su gestión.
Lo sucedido con Cales y Morteros del Grijalva deberá convertirse parteaguas para otros casos más que esperan desesperados a que la justicia finalmente llegue. La clausura de la calera en «El Sumidero» no pude quedar como un caso aislado si es que la denominada «cuarta transformación» quiere demostrar que las cosas de verdad han cambiado, más allá de la condescendencias especiales… así las cosas.
