Nueva sentencia contra ayuntamiento de Tuxtla evidencia complicidad con Proactiva
Un nuevo amparo judicial ha sido concedido al activista Héctor Montesinos, que desde hace varios años mantiene un litigio con la empresa Proactiva-Veolia y el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez debido al daño ambiental que el relleno sanitario de la capital chiapaneca ha provocado a su predio «San Martín Mujular».
Esta vez se trata de una sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas que pone de manifiesto las omisiones del ayuntamiento para dar cumplimiento a la petición hecha por Montesinos para realizar un estudio técnico a fin de determinar los niveles de contaminación del manantial y al Arroyo Lacandón dentro del predio señalado.
Las dependencias municipales y propio presidente municipal no sólo evadieron dar respuesta cabal a la solicitud constitucional, también decidieron, mediante oficio simple, transferir la responsabilidad a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que fuera esta quien realizara el estudio técnico. Solicitud que el organismo evidentemente rechazó por no tener jurisdicción directa sobre el asunto.
La sentencia del Juicio de Amparo 1334/2018-I-A además deja expuesta la serie de argucias y dilaciones utilizadas por el actual gobierno municipal, bajo responsabilidad de Carlos Morales Vázquez, para demorar el proceso, delegando responsabilidades de ejecución o atribuciones de manera constante, con el claro objetivo de aletargar un posible procedimiento contra la empresa Proactiva-Veolia.
El Juez Cuarto de Distrito ha ordenado a las dependencias del ayuntamiento dar cumplimiento de manera inmediata a la petición de Montesinos para que «se realicen todas las gestiones necesarias y pertinentes conforme a sus atribuciones legales, a través de las direcciones y personal, a fin de que se de cumplimiento en un termino de diez días hábiles a partir de que cause ejecutoria la sentencia».
Lo que ha sucedido con el caso Proactiva-Veolia durante los últimos años no es asunto menor. La corrupción, complicidad e ineficacia de administraciones municipales a lo largo de más de 13 años han llenado de impunidad a la empresa que no sólo se ha enriquecido gracias a un millonario contrato amañado, sino también ha dejado una lastimosa factura de ambiental que sigue sin resolverse.
Resulta evidente que existe un determinación abierta de Carlos Morales para evitar actuar contra Proactiva-Veolia. Poco le ha importando la medida cautelar número 1498-18, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los habitantes del Ejido Emiliano Zapata debido a los daños ambientales y afectaciones contra la salud provocadas por el relleno sanitario de la empresa; por el contrario, en 2019 decidió ampliar el contrato de prestación de servicios.
Al igual que sus antecesores Morales Vázquez se ha excusado en el mismo argumento relacionado con la complejidad del contrato y la falta de capacidad para asumir la prestación del servicio, pero nada han hecho respecto al daño ambiental. Se ha asumido amagado por la empresa bajo razones que despiertan inevitables sospechas.
La nueva sentencia judicial contra el ayuntamiento de Tuxtla ha dejado de manifiesto que la empresa ecocida tiene en el gobierno municipal a su principal cómplice y defensor de oficio. Y es que, mientras no se detenga el derrame de lixiviados a los mantos acuíferos no habrá contenedores ni nuevos camiones de recolección que exoneren las culpas del ayuntamiento… así las cosas.
