La impunidad también cobija a los chiapanecos de la estafa maestra
Tras aceptar su participación en la «Estafa Maestra», mediante la firma de un contrato indebido por más de 28 millones de pesos, el ex delegado de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas, Ezequiel Saúl Orduña Morga, sólo tendrá que pagar alrededor de 19 mil pesos para librarse de la cárcel.
Sí, aunque parezca una broma del mal gusto, los acuerdos establecidos con la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente permitirán a uno de los principales chiapanecos involucrados en el millonario fraude seguir en libertad, con «impunidad procesal».
La información hecha pública este martes, a través del periódico Reforma, dio a conocer que, tras negociar un «procedimiento abreviado» con la FGR y declararse culpable de los hechos, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa impuso a Orduña la pena mínima de 5 meses con 29 días de prisión.
De esta manera, el exfuncionario sólo fue sentenciado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Por ello se le impuso una pena de 99 días de multa, equivalentes a 6 mil 759 pesos, considerando que cada día-multa equivalía a 68.28 pesos al momento del desvío de los recursos.
Orduña Morga no pisará la cárcel porque el juez además le concedió el beneficio de la sustitución de la pena, a cambio de pagar los días-multa de su pena privativa de libertad, que equivalen a un aproximado de 12 mil 222 pesos; además de ser condenado a la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante el mismo plazo de la pena de prisión, es decir solamente seis meses para regresar a «las andadas».
El procedimiento abreviado está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una de las formas de terminación anticipada del proceso en el nuevo sistema acusatorio. Se trata de una negociación entre la fiscalía y el imputado, en la que éste se declara culpable a cambio de la pena mínima y un descuento adicional de hasta un tercio de la misma en delitos dolosos y hasta el 50 por ciento en los culposos.
El también ex presidente municipal de Tapachula fue acusado a principios de 2019 de solicitarle a la Sedesol el pago de 28 millones 721 mil pesos para la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) por un servicio que no fue prestado, en un contrato suscrito en 2015, durante la rectoría de Carlos Eugenio Ruiz Hernández, cuyo monto total fue de 53 millones 102 mil 260 pesos.
El contrato otorgado por la Sedesol a la UNACH comprometía a ésta a formar comités comunitarios e identificar las demarcaciones en pobreza prioritarias en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La Auditoría Superior de la Federación detectó que la UNACH no creó los comités ni brindó la asesoría para identificar las necesidades locales, pero sí cobró como si hubiese prestado los servicios.
De acuerdo con la investigación, los 28.7 millones de pesos que fueron autorizados por Orduña se depositaron en cinco cuentas bancarias a nombre de la universidad. Se trata de uno de los fraudes más escandalosos en los que se haya involucrado a la máxima casa de estudios chiapaneca, cuyas finanzas también quedaron «quebradas» tras la salida de Ruiz Hernández con una deuda de dos mil 200 millones de pesos.
¿Qué se hizo con todo ese dinero? ¿Por qué, pese al reconocimiento del delito, los demás chiapanecos involucrados no han sido procesados? Lo cierto es que el castigo efectivo para los cómplices de la estafa maestra en Chiapas durante el «gobierno verde» no parece estar en la mira de las autoridades federales.
De nada servirá tantos señalamientos, investigaciones o denuncias si, de alguna manera u otra, se sigue perdonando a los corruptos del pasado y el presente. Resulta evidente que la inmunidad e impunidad otorgada a la historia de corrupción documentada durante el sexenio anterior tiene un cobijo mucho más extenso de lo que se pensaba y que la justicia durante la nueva administración federal es selectiva y complaciente con los amigos de sus amigos… así las cosas.
