Ahora toca exigir a los usuarios del transporte en Chiapas
Como se había advertido desde noviembre del año pasado, este miércoles, el titular de las Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa García, oficializó el incremento al precio del pasaje del transporte público, taxis y grúas en la entidad, que será efectivo a partir del próximo 20 de febrero.
El precio pasará de 7 a 8 pesos para el del transporte público urbano, una nueva modalidad de cobro por kilometro para el sistema de taxis (algo confuso) y un precio estándar de mil 600 pesos para los servicios de grúa, entre otros reajustes tarifarios dentro del sector. Sin embargo, como ha sucedido desde hace muchos años, no se hablaron de beneficios específicos para los usuarios.
Aquiles Espinosa se refirió a un cambio de unidades, pero nunca precisó plazos o fechas exactas para su implementación. No hubieron compromisos claros sobre la mejora a la calidad del servicio, nuevos estándares sobre cupo o capacitación a choferes, y de la regulación a los excesos de velocidad, que significan una de las mayores causas de accidentes viales, ni habló.
Y no se trata de satanizar al transporte público en Chiapas, sino de reconocer el cúmulo de deficiencias que durante años han sido perdonadas o solapadas por los gobiernos estatales con tal de complacer a las grandes «mafias del transporte» y evitarse problemas, siempre a costa de los usuarios.
En Chiapas, como en gran parte del país, se ha normalizado la mala calidad del servicio, como si tratara de una condena inevitable por no poder pagar un medio de transporte más costoso. «Si quiere ir cómoda, page un taxi», se escucha con frecuencia, como si el transporte público fuera un castigo a la pobreza. Y no es así.
La Ley de Transporte en Chiapas es muy clara en señalar las obligaciones de la Secretaría de Movilidad y Transportes para privilegiar los intereses de la ciudadanía (usuaria) a la hora de implementar sus políticas públicas. Pero no ha sido así; se ha mantenido secuestrada y corrompida por intereses políticos y de mafias poderosas que han hecho del sector una tierra sin ley, llena de corrupción y negocios turbios.
No, no ha habido regulación al transporte pirata, por el contrario, se le ha solapado con acuerdos y «permisos hechizos» para permitir su funcionamiento irregular, haciendo de las cuotas externas un jugoso negocio sin posibilidad de fiscalización. Así que Aquiles Espinosa no mienta, los nuevos acuerdos tarifarios no fueron pensados en la población usuaria.
Llegó el momento de que la ciudadanía organizada exija ser parte de las mesas de negociación, que los expertos no gubernamentales en materia de urbanismo y movilidad tengan participación activa en los acuerdos y que, deje la resignación de la inacción social, para salir a la calle y medios públicos para exigir mejor calidad en los servicios públicos, concesionados o no, cuando esto implique un impacto directo a sus bolsillos.
No puede haber reajustes, de ningún tipo, mientras no se garantice en mejores condiciones de servicio para los usuarios, una regulación real a las mafias del transporte y la aplicación cabal de la ley vigente (en sus artículos 19, 22, 35 y 38) para acabar de una vez por todas con los monopolios transportistas, que tanto daño hacen la sector, y finalmente entregar las concesiones a quienes realmente las trabajan… así las cosas.
