Congreso de Chiapas obstaculiza candidaturas ciudadanas
Han pasado 20 días desde que, entre la mayor de las prisas y el hermetismo, el Congreso de Chiapas dio un flagrante golpe a la democracia y la participación de candidatos independientes en los procesos electorales estatales, y hasta el momento no parece haber mayor reacción social o legal para objetar semejante reforma en materia electoral.
Fue aprobada el pasado 27 de junio y el tiempo límite para las respectivas impugnaciones sigue a contrarreloj. Y es que, no se trata de un asunto de poca importancia. Las reformas a la ley en materia de Instituciones y Procedimiento Electorales del estado de Chiapas tienen de fondo efectos directos contra derechos ciudadanos que perderán terreno ante la vieja partidocracia.
Pese a la importancia del tema, entre las escuetas discusiones por la iniciativa de reforma, poco o nada se dijo sobre los nuevos candados para el registro de candidaturas independientes en la entidad. Finalmente, era un tema que poco importó a una legislatura donde, por cierto, aún no existe diputación ciudadana, fuera del control partidista.
El proyecto de ley no requirió de mayor tiempo para su análisis y aprobación exprés. Fue entregada a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el 19 de junio para concluir el respectivo dictamen, en sólo una semana, el 25 de junio. Las y los diputados solamente tuvieron entre 24 y 25 horas para realizar el análisis de 392 páginas de contenido.
Y así sin mayores objeciones, con las únicas posturas en contra de Juan Salvador Camacho y Olga Luz Espinosa, la ley pasó sin menores contratiempos. De lo que nunca se habló, y era del mayor interés ciudadano, fue de las modificaciones hechas a los requisitos para acceder a candidaturas ciudadanas. Nadie objetó que se elevara la cantidad de firmas necesarias para registrar una postulación independiente.
La ley duplicó el número de firmas requeridas para registrar una candidatura independiente a la elección de gobernador, pasando del 0.25 al 0.5 de la lista nominal de electoral. En el caso de la elección de diputados locales y miembros de ayuntamientos con menos de 50 mil electores el requisito paso de 2 a 2.5 de las firmas de la lista nominal.
En municipios con más de 100 mil votantes las firmas requeridas deberán representar al menos el 1.5 por ciento de la lista nominal, 0.5 por ciento más que en 2018. No obstante, por si fuera poco, el Congreso de Chiapas también redujo la cantidad de tiempo otorgado a las y los aspirantes a candidatos independientes para recabar dichas firmas, eliminando en promedio una semana al plazo antes permitido.
Y es que, si bien pareciera un porcentaje ínfimo, el requisito de firmas toma proporciones reales si tomamos en cuenta que hasta la última elección de 2018 la lista nominal estatal registra un total de un millón 676 mil 957 empadronados, por lo que en el caso de la elección a gobernador los aspirantes ahora requieren recabar al menos 8 mil 400 firmas de apoyo, con la respectiva copia de documentos comprobantes, en sólo tres semanas.
El aumento de obstáculos o requisitos para el registro de candidaturas ciudadanas constituye una clara violación contra la progresividad de las leyes, como derecho constitucional. Restringir, dificultar o revertir derechos ganados atenta contra los derechos humanos consagrados en la carta magna mexicana en materia electoral. La nueva reforma es anticonstitucional en varios aspectos y debe ser impugnada ante las instancias correspondientes.
La nueva controversia sobre el Congreso de Chiapas reafirma los señalamientos que acusan una legislatura supeditada a los intereses del poder y los partidos políticos, ajena al sentir ciudadano, constantemente violatoria del mandato constitucional y heredera de las mismas prácticas políticas corruptas que de transformación no tienen nada… así las cosas.
