Congreso alista ley anticonstitucional contra educación integral en Chiapas
No bastando la serie de reformas revocadas y las violaciones constitucionales confirmadas por instancias federales, la actual legislatura del Congreso de Chiapas se enfila hacia un nuevo escándalo nacional con la iniciativa presentada hace unos días por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) que ha propuesto aplicar importantes reformas a la Ley de Educación en Chiapas a fin de que los contenidos puedan ser prohibidos según el criterio (moral e incluso religioso) de los propios padres o tutores en cada escuela.
La propuesta de ley, presentada el pasado 16 de julio y prevista para entrar a discusión en estas semanas, busca traer a Chiapas el modelo impulsado por grupos religioso ultraconservadores en otras entidades del país denominado «PIN Parental» que permitiría a los tutores o padres de familia poder vetar contenidos educativos, principalmente de género, educación sexual, ciencias o valores éticos y cívicos, que contradigan su visión moral o religiosa.
El asunto no es un tema menor. Agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de infancia (Unicef), educación (Unesco), derechos humanos (ONU-DH) y población (UNFPA), han lanzado ya una alerta al respecto y han expresado su fuerte preocupación ante lo que denominaron como un modelo que atenta contra «el derecho de los niños y las niñas a una educación integral, de calidad y libre de violencia».
Y es que el PIN Parental, que tiene de fondo una fuerte carga religiosa, podría abrir la puerta a otra serie de excesos consecuentes en la toma de decisiones intraescolares. Teniendo como ejemplo casos similares en otros países, la eliminación de la imparcialidad en aplicación de contenidos educativos ha provocado serios conflictos internos debido a «derechos parentales» que pasaron de vetos individuales a acuerdos mayoritarios que terminaron aplastando a minorías de padres de familia.
Si bien la iniciativa de reforma local habla de un derecho individual, también abre la posibilidad a acuerdos grupales que terminen haciendo de los contenidos educativos un modelo a voluntad y capricho de las mayorías en cada escuela. ¿Se imagina usted que por votación la mayoría de padres o tutores en la escuela decida qué contenidos se abordarán y cuales no recibirán sus hijos, aunque usted no esté de acuerdo? esa es la ruta que se abre con el PIN Parental.
El modelo presentado en Chiapas, que ya fue desechado en el Congreso de Nuevo León e impugnado en el caso de Aguascalientes, no sólo viola de manera flagrante a la Constitución mexicana en su artículo tercero, contradice a lo establecido en el artículo 29 la Convención de los Derechos del Niño y vulnera al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también se convierte en un peligroso retroceso sobre el combate a la violencia sexual y de género en este sector.
La educación sexual integral, con perspectiva de género, no es un capricho. Responde a la necesidad de aportar la información y el conocimiento científico necesario para combatir problemáticas tan alarmantes como los embarazos no deseados en niñas y adolescentes, prevenir y promover las denuncias sobre violencia sexual infantil, disminuir la muerte materna en menores de edad, prevenir enfermedades de transmisión sexual y combatir la violencia de género desde temprana edad. Prohibir el acceso a estos contenidos sería un peligroso error y un retroceso.
Este mismo fin de semana un nutrido número de docentes, asociaciones civiles y activistas en materia de Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento público en rechazo total a la iniciativa presentada por Encuentro Social en Chiapas. Se trata pues de un proyecto de ley encaminado al fracaso, que restringe el derecho de las niñas y niños al conocimiento, sin prejuicios individuales o de grupos, para un mejor desarrollo personal.
Y es que la educación pública en México no puede ser dejada al albedrío de caprichos parentales. La educación NO es un derecho de los padres o tutores, es un derecho de las y los niños a acceder al conocimiento de la educación integral para forjar sus propios criterios. Si los padres no están de acuerdo con los contenidos de la educación pública en México, por visiones moralistas o religiosas, con absoluta pena por los niños y las niñas bajo su tutoría, tienen la absoluta libertad de llevarlos a las escuelas privadas que así consideren convenientes… así las cosas.
