Mafias del autotransporte secuestran a Jaltenango
La omisión y complicidad de gobiernos pasados, con fines político-electorales, dejaron en Chiapas un grave problema de ilegalidad en el transporte público que con el paso del tiempo se ha convertido en mafias que hoy operan por encima del control de las autoridades municipales. Ese es el caso de Jaltenango, Chiapas, donde el conflicto entre transportistas piratas, concesionarios y autoridades estatales se ha complicado durante los últimos días.
Apenas el pasado lunes un operativo aplicado por la Secretaría de Movilidad y Transporte en dicha región de la entidad dejó como saldo tres trabajadores de Tránsito del Estado secuestrados por los transportistas «piratas». El operativo que comenzó en Jaltenango con el aseguramiento de cinco unidades ilegales, terminó con la toma de la delegación de Tránsito en el municipio de Parral y el secuestro de tres agentes, que nada tenían que ver con el operativo, pero sirvieron de rehenes para exigir una negociación.
Los agentes permanecieron retenidos durante más de 24 horas por los transportistas ilegales. Los secuestradores exigían de primera instancia la devolución de las unidades aseguradas y la apertura de una mesa de negociación para facilitar o regularizar sus actividades. Fueron los familiares del personal retenido quienes comenzaron a hacer público lo sucedido ante la preocupación y la falta de acción por parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes para agilizar la liberación.
A decir de los habitantes en aquel municipio, hoy un importante sector del transporte público en Jaltenango se encuentra prácticamente secuestrado por grupos ilegales, como la autodenominada Línea de Taxis Exprés, que operan bajo la protección de agrupaciones como la Organización Campesina Emiliano Zapata de la Coordinadora Plan de Ayala (OCEZ-CNPA) bajo el liderazgo de Rutilio Leonel López Pérez.
La violencia y extorsión con la que operan dichas organizaciones «campesinas» ha desplazado y sometido a transportistas concesionados y autoridades en la zona. Su empoderamiento durante los gobiernos de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello permitió un crecimiento y control desmedido sobre el sector en dicha región, como en gran parte de los municipios de la entidad chiapaneca.
De acuerdo al último cálculo hecho por la propia Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, actualmente se estima la existencia de un promedio de 53 mil 716 unidades del transporte público en Chiapas que operan en la irregularidad, lo que duplica en número a las concesiones (del transporte público regularizado) que asciende a 26 mil 858 unidades.
Se trata de una cifra que ha alcanzado niveles desproporcionados. En su mayoría son resultado de acuerdos políticos entre organizaciones «campesinas» y gobiernos como el de Manuel Velasco Coello que permitieron su funcionamiento a cambio de favores electorales. Y es que, durante el sexenio pasado la estabilidad social y la legalidad se convirtieron en ficha de cambio recurrente a la hora de negociar votos o pactos de poder político.
Hoy el problema sobre los hombros de Aquiles Espinosa no parece nada sencillo, y menos si sigue negociando permisividades a cambio de mantener su puesto. El transporte pirata en Chiapas no es un asunto que se vaya a resolver de la noche a la mañana, requiere de voluntad y determinación para limpiar el cochinero heredado, desarticular a las mafias y, de paso, poner en orden a los concesionarios que también violentan la ley de manera permanente… así las cosas.
