Proactiva-Veolia está envenenado los ríos de Chiapas
Las imágenes difundidas este miércoles sobre el río Pacú, en el municipio de Suchiapa, repleto de espuma debido a los contaminantes emanados desde el relleno sanitario de la empresa Proactiva Veolia se ha convertido en la evidencia más reciente y alarmante sobre un tema que se ha dejado pasar durante años entre evidentes omisiones y complicidades gubernamentales.
Aunque las denuncias públicas sobre el derrame de lixiviados provenientes del relleno sanitario tienen poco más de ocho años en voz del activista Héctor Montesinos, fue en 2017 cuando pobladores y ambientalistas denunciaron la muerte masiva de peces en el río Pacú, generando una inevitable alarma por la dispersión de sustancias tóxicas hacia toda la región.
El tema ha escalado a niveles nacionales. Y es que a principios de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 03/2020 en la que llamó a las autoridades de los tres niveles a investigar el caso que, según el propio documento, podría estar vinculado a diversos reportes de cáncer dentro de comunidades cercanas a los afluentes contaminados.
Apenas en junio pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el inicio del proceso de admisión para el caso. Ya en abril de 2019 la CIDH había emitido medidas cautelares al Gobierno de México para que iniciara lo antes posible una investigación al respecto y brindara atención a las familias y comunidades afectadas por las sustancias tóxicas derramadas desde el relleno sanitario hacia importantes afluentes de Tuxtla Gutiérrez y municipio conexos.
Y no es para menos. De acuerdo al expediente que motivó la medida cautelar (número 1498-18), entre 2006 y 2018 alrededor de 21 pobladores del ejido Emiliano Zapata, entre ellos nueve niños, murieron a causa del desarrollo de diferentes tipos de cáncer que pudieran estar relacionados con el uso o consumo de agua contaminada por el derrame de sustancias tóxicas emanadas desde el relleno sanitario.
Tras años de administraciones municipales omisas, hoy los reflectores se encuentran sobre la figura de Carlos Morales Vázquez que, por cierto, no es un personaje nuevo en el controversial tema. Durante su paso por la a Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMANH) se convirtió muy pronto en foco de los señalamientos por el silencio y omisión que guardó en torno al caso, pese a las insistentes exigencias de defensores ambientales para encabezar denuncias formales y procesos sancionadores contra la empresa.
Morales Vázquez se negó flagrantemente a proceder contra Proactiva. Pese a la solicitud desesperada para que interviniera, finalmente nunca presentó la denuncia correspondiente ante La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA). Se limitó a promover, mediante la procuraduría ambiental estatal, tres multas de apenas 20 mil pesos (cada una) durante los más de cinco años de su gestión.
Ahora, como presidente municipal en funciones las cosas no parecen ser tan distintas. Al igual que sus antecesores Morales Vázquez se ha excusado en el mismo argumento relacionado con la complejidad del contrato y la falta de capacidad para asumir la prestación del servicio, pero nada han hecho respecto al daño ambiental. Se ha asumido amagado por la empresa bajo razones que despiertan inevitables sospechas.
El problema es un asunto menor. La contaminación provocada por el relleno sanitario de Proactiva Veolia suma cada vez más evidencias irrefutables. Se trata de un caso que requiere solución inmediata para poner fin a una añeja historia de corrupción y daño ambiental que hoy tiene en claro riesgo a miles de habitantes en la región central de Chiapas… así las cosas.
