¿Para cuándo la penalización del maltrato a animales domésticos?
En medio de vacíos legales para castigar con mayor severidad el maltrato animal en Chiapas, los casos de crueldad contra animales domésticos en la entidad siguen ocurriendo entre una indignación que no deja de crecer. El último caso sucedió justo este lunes en el fraccionamiento La Misión de Tuxtla Gutiérrez donde una perra fue localizada colgada de una ventana tras una agonía que se prolongó debido la indiferencia y abandono de sus propietarios.
El maltrato a animales domésticos es algo que sucede todos los días y se ha incrementado durante la pandemia por Covid-19. De acuerdo a datos de la asociación civil Movimiento Animalista para Chiapas (Mapach), cada día en la entidad chiapaneca se reciben en promedio dos reportes de maltrato o animales en situación de calle.
Las asociaciones animalistas han denunciado insistentemente que el problema no ha podido controlarse debido a la ausencia de regulaciones que castiguen el abandono de la fauna doméstica, pero sobre todo que atribuyan responsabilidades legales para quienes adquieran una mascota. Y los argumentos han sido reiterativos durante años (y va de nuevo).
Fue a principios en abril de 2013 cuando el legislativo estatal recibió la propuesta de ley que pretende autorizar la aplicación de sanciones contra quienes realicen cualquier tipo de maltrato hacia los animales. La iniciativa presentada, en ese entonces, contempla penas de hasta seis años de prisión y sanciones económicas hasta de 600 salarios mínimos; castigos para situaciones de maltrato tan recurrentes como el abandono animal.
Sin embargo y pese a lo ambicioso de la propuesta, las reformas logradas se vieron limitadas a la prohibición de circos con animales, dejando a las regulaciones de mayor impacto en el congelador debido a razones que pocos entendieron, pero que hoy significan el mayor de los pendientes en la materia.
Y es que, si bien el maltrato animal tiene su expresión más inhumana en la violencia asesina, muchas veces asumida como actos de «diversión u odio irracional», el problema tiene su principal origen en el recurrente abandono canino y felino que se ha convertido durante décadas en parte de la escénica urbana al que muchos nos hemos acostumbrado.
Los perros y gatos callejeros, gran porcentaje de ellos con dueños identificables, parecen haberse convertido en elementos de las calles y banquetas de las ciudades y los pueblos de Chiapas, como seguramente sucede en otras tantas entidades del país.
Con el paso del tiempo, muchos nos adaptamos a su presencia, a vivir con el peligro que representan y a ignorar su dolor. Desensibilizándonos poco a poco nos acostumbramos a verlos enfermos, deteriorados y a esquivar sus cadáveres en la vía pública como si fuese algo «normal».
La realidad es que la indigencia de animales domésticos tiene un origen humano, un trasfondo social que habla de una mediocre cultura de respeto a las distintas las formas de vida y la inexistencia de regulaciones que procuren y garanticen dicho respeto.
Es fauna urbana que no se reproduce de la nada; se debe a individuos o familias irresponsables que tras perder «el encanto» de sus mascotas deciden arrojarlas a la calle, al yugo de las inclemencias del tiempo, los riesgos de transito automovilístico y la desnutrición. Sin duda, de los peores actos inhumanos y maltratos que los animales domésticos reciben a diario.
Son mascotas golpeadas, laceradas, asesinadas brutalmente y hasta violentadas sexualmente, con casos documentados que no dejan espacio a la duda sobre lo indispensable que resulta legislar para castigar a las personas responsables de dichos abusos. Seres humanos desensibilizados que también significan un riesgo latente a mayor escala.
Justo son estos los argumentos que hacen urgente «descongelar» la iniciativa de ley contra el maltrato animal. Es momento de que los legisladores chiapanecos regresen el tema al pleno de discusión para revisarla, enriquecerla y ponerla en marcha.
No hay pretextos válidos para seguir postergando una ley que ya debería estar en vigor, para obligar a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a establecer mecanismos que hagan verdaderamente responsables a las personas de sus mascotas y castiguen severamente cualquier acto de violencia contra ellos.
Urgen leyes activas que combatan de fondo el maltrato animal que tiene su más alarmante expresión en la indigencia canina, en dar herramientas para la aplicación de denuncias ciudadanas y la instrumentación de los procesos legales respectivos contra los responsables. Porque no se trata de un problema animal, sino de negligencia, irresponsabilidad y barbarie humana sin límites… así las cosas.
