El pacto que está estrangulando a la frontera de Chiapas y Guatemala
Mientras la controversia y el escarnio recae sobre la crisis humanitaria en la frontera sur y las nuevas caravanas migrantes que ahora emanan desde Tapachula, el verdadero origen del problema se mantiene entre silencio y la discrecionalidad de los gobiernos de México y Estados Unidos. El nuevo pacto para trasladar el caos y los riesgos migratorios hasta la frontera sur de república mexicana está en marcha.
Desde a principios del mes de agosto activistas denunciaron el repentino aumento de deportaciones aéreas desde Estados Unidos hacia el aeropuerto de Tapachula. En tan sólo un par de semanas ocho vuelos fueron registrados (con fotografías y videos), cargados de migrantes indocumentados, originarios de Centroamérica, El Caribe, Sudamérica y África. Todos habían sido detenidos en la EUA, pero esta vez no fueron sacados del país por su frontera sur con México, sino trasladados hasta Chiapas.
A decir de Luis García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana en Tapachula, la dinámica cambió desde la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y los nuevos pactos establecidos con el gobierno de López Obrador. La encomienda ha sido llevar el «embudo migratorio» de la frontera norte a la frontera sur para alejar la problemática del perímetro estadounidense. Y así parece estar sucediendo.
A eso se debe en gran medida la extrema dilación de los trámites de asilo o pases de salida para que lo migrantes varados puedan continuar su camino o retornar a la frontera estadounidense. Organizaciones como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han denunciado insistentemente la situación.
Se tienen documentados casos de familias completas que llevan más de medio año en la espera de respuesta a sus trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM). Ya no pueden regresar a sus países, por lo que el gobierno mexicano no los está deportando, pero tampoco les está dejando continuar su camino. Por eso ciudades como Tapachula se han convertido en inmensos centros de retención masiva, desbordados y sin capacidad de atención. Actualmente se estima la presencia de hasta 120 mil migrantes en los municipios fronterizos de Chiapas.
A eso se debe que, ante la falta de trabajo, el agotamiento del dinero previsto para el viaje y la inevitable desesperación, no haya quedado de otra que intentar romper «el cerco» para continuar su camino hacia el llamado «sueño americano», como muchos tantos mexicanos que todos los días llegan a la frontera estadounidense para intentar cruzar ilegalmente, sin las complicaciones adicionales que conlleva también ser ilegal en México.
Las deportaciones basadas en el Título 42, implementadas desde el expresidente Donald Trump, permiten sacar a todos los detenidos en la frontera sin dar opción a pedir asilo o entrar en el sistema migratorio. Joe Biden, dio una «vuelta de tuerca» más, así que, en lugar de deportar a los migrantes a la frontera norte de México (por Matamoros, Ciudad Juárez o Tijuana) ordenó llevarlos en vía aérea hasta el sur de México. No se les ofrece la posibilidad de tener protección, ni tampoco los registran como deportados. Oficialmente no existen, según consta en una investigación hecha por el portal Animal Político.
Tanto Estados Unidos como Guatemala han reconocido la existencia de estas prácticas. México, sin embargo, fue capaz de negarlo a pesar de que cada día se documenta fotográficamente y mediante testimonios la llegada de los aviones y autobuses. La decisión de México de no dar explicaciones llega hasta el punto en que es Guatemala la que está informando tanto del contexto de la frontera como de las negociaciones desarrolladas entre ambos países para que las expulsiones se adapten a sus infraestructuras.
Según el Instituto de Migración del país centroamericano, desde el 22 de agosto hasta el 6 de septiembre fueron deportadas 4 mil 243 personas en 125 por autoridades del INM. De ellos, más de mil eran niños, niñas y adolescentes, aunque la gran mayoría llegaron acompañados de un familiar. Pese a que la mayoría son centroamericanos, se registró la expulsión de venezolanos, cubanos e incluso senegaleses.
La situación ha dejado a los migrantes acorralados y en total indefensión. Apenas este miércoles se dio a conocer el documento emitido por el propio Órgano Interno de Control del INM en el que se reconoce que NO se aplicó sanción alguna a los funcionarios involucrados en los abusos cometidos contra migrantes la semana pasada. No hubieron «elementos suficientes de convicción jurídica para determinar presuntas faltas», dijo el INM. Esto pese al compromiso del gobierno federal para sancionar al personal que fue grabado golpeando a migrantes tirados en la carretera costera de la entidad.
Así, mientras el todo odio y la controversia se deposita sobre los migrantes, parece haberse perdido de vista el verdadero fondo que ha originado semejante crisis. El fenómeno migratorio por el territorio nacional no es nuevo, México ha sido siempre el paso inevitable para quienes aspiran llegar desde el sur vía tierra hasta los Estados Unidos. Sin embargo, hoy el nuevo «embudo migratorio» está estrangulando a la frontera sur del país, en una nueva crisis desbordada con miles de personas acorraladas, y no toda la culpa es de quienes intentan migrar para mejorar su vida… así las cosas.
