La impunidad de Los Motonetos sigue cobrando víctimas en San Cristóbal
La muerte de la niña Marisol este fin de semana a causa de una bala «perdida» en San Cristóbal de las Casas ha reavivado en la agenda pública un problema que mantiene secuestrada a la paz y la tranquilidad social de ese municipio desde hace varios años. La banda delincuencial conocida como «Los Motonetos» se ha convertido en protagonista recurrente de episodios violentos que parecen no ser suficientes para acabar con su impunidad.
La muerte de Marisol no fue resultado de un accidente o el infortunio. Tiene a los responsables perfectamente identificables. A la niña de tan sólo 7 años le arrebataron la vida mientras dormía el sábado pasado. Una bala disparada al aire atravesó la lámina de su humilde vivienda en el barrio San Antonio del Monte y la impactó en la frente. No hubo mucho más que se pudiera hacer ante la gravedad de la herida.
Minutos antes vecinos de la zona norte de la ciudad ya habían reportado la presencia de «Motonetos» recorriendo las calles, haciendo múltiples disparos al aire con armas de grueso calibre. El desfile del grupo delincuencial, intimidando a los vecinos, duró horas hasta la madrugada del domingo. El hecho quedó documentado por varios testigos que grabaron el recorrido y los disparos, que finalmente cobraron la vida de Marisol.
Sin embargo, lo episodios recientes en los que este grupo ha estado involucrado son muchos más. El caso más escandaloso sucedió en agosto de 2018 cuando el taxista Isaías Trujillo fue asesinado a pedradas y palazos por integrantes del dicho grupo y pobladores afines, luego de que el trabajador del volante fuera asaltado por uno de los «Motonetos». Isaías intentó perseguirlo para detenerlo, pero nunca imaginó que se encontraría con el resto de sus compañeros y cómplices que terminarían linchándolo en plena vía pública.
Otro de los casos que tuvo relevancia mediática fue el asalto ocurrido en enero de 2020 cuando turista extranjero fue despojado de sus pertenencias y baleado, durante el día, en pleno andador turístico y frente a numerosos testigos que observaron el atraco y la participación de los delincuentes sobre motocicletas para luego darse a la fuga. En ambos casos los hechos quedaron documentados por cámaras de video.
A los episodios anteriores se suman las amenazas y confrontaciones violentas en julio pasado contra ambientalistas que actualmente defienden los humedales, además del enfrentamiento con policías ese mismo mes y las constantes imágenes difundidas en redes sociales donde se les muestra en fiestas y recorridos con armas de grueso calibre.
Ante un sospechoso silencio de las autoridades para aclarar la procedencia del grupo delincuencial, varias agrupaciones y personajes han sido los vinculados directamente». Así, durante los últimos años, nombres de agrupaciones como la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas mejor (Comach), la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) y personajes como Cristian Hernández, Martín Pale Santíz, Narcizo Ruiz, Mario Sántiz López y Marcos Hernández han salido entre las múltiples acusaciones.
Incluso, los nombres de conocidos personajes de la política local como el excandidato priista Edgar Rosales Acuña, el ex presidente municipal Marco Cancino González y el propio presidente municipal electo Mariano Díaz Ochoa han deambulado fuertemente entre las supuestas vinculaciones políticas. Algunos de inmediato se han desmarcado de los dichos, mientras otros simplemente han guardado silencio.
Lo cierto es que se trata de un grupo perfectamente organizado, que no trabaja de manera aislada. Muchos de ellos son fácilmente identificables por su nada temerosa exposición pública. Entre sus amigos cercanos se asumen abiertamente parte de organizaciones como la Comach o Almetrach. Aseguran haber participado en movilización de votos y protección a personajes como los antes mencionados. Pero todo ello permanece entre la informalidad de los rumores.
Mientras tanto, las autoridades municipales nada han podido hacer para dar certidumbre y claridad a una ciudadanía desesperada y aterrorizada. Su negligencia, ineficacia o complicidad parecen haber dejado solos a miles de habitantes que hoy exige llegar al fondo de la situación para evidenciar a los verdaderos responsables, desarticular a la banda delictiva y, sobre todo, dejar de otorgar impunidad a grupos violentos acostumbrados a someter a la ley para imponerse sobre el derecho de otros… así las cosas.
