Secretaría de Transportes va contra Uber y el derecho de usuarios en Chiapas
El inicio de operaciones del sistema Uber en Tuxtla Gutiérrez no cayó nada en gracia a las mafias transportistas en Chiapas que, con sus contadas excepciones, durante décadas han monopolizado, con abusos y deficiente servicio, a dicho sector en la capital chiapaneca. Sin embargo, fue la reacción del secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, lo que generó mayor controversia al amenazar -sin sustento legal- a quien preste el servicio sin una concesión.
La advertencia hecha por Aquiles Espinosa no resulta únicamente inquietante, sino además arbitraria. Y es que ¿cuáles son los argumentos legales del funcionario público para amenazar con hasta siete años de cárcel a quien ofrezca dicho servicio? ¿Cuál es el delito que va configurar para ordenar la detención de vehículos civiles, confiscar las unidades y luego procesar penalmente a los conductores?
Lo cierto es que en su primera declaración a medios de comunicación Aquiles no precisó ningún argumento legal, porque ni siquiera está seguro de que proceda semejante disparate. Su amenaza suena más a berrinche y manotazos autoritarios para detener de manera arbitraria lo que parecía inevitable desde hace varios años. ¿De lado de quién está entonces el secretario de Movilidad y Transporte en Chiapas? ¿A quién o quiénes salió a defender con vehemencia? Lamentablemente, la respuesta resulta más que evidente.
Lo cierto es que los intentos para modernizar al sistema de transporte público en modalidad de Taxis no son recientes. El último experimento se realizó en 2016, cuando un grupo de empresarios y taxistas intentaron instalar el sistema de taxímetros en la capital chiapaneca. Sin embargo, la presión de los «pulpos concesionarios» impidió el avance del proyecto, pues introducía un nuevo modelo para medir tarifas por recorrido, donde el usuario podría verificar costos, y pues simplemente no les convino.
Las plataformas como Uber, Cabify y Didi ya también habían intentado ingresar a Chiapas desde 2019, como ya sucede en la gran mayoría de las grandes ciudades del país. No obstante, la misma dependencia, a cargo de Espinosa García, les obstaculizó el paso. Por eso se iniciaron procedimientos legales para garantizar el derecho de los usuarios y los autoempleadores interesados para prestar o hacer uso de ese servicio.
David Mínguez, gerente de comunicación de Uber, confirmó este mismo martes a la periodista Susana Solís que, tras un amparo interpuesto, la plataforma obtuvo recientemente de un juez federal la «suspensión definitiva» a las trabas legales o administrativas que les impedían ingresar a la capital chiapaneca. Detalló que durante los últimos años la plataforma recibió alrededor de 160 mil solicitudes de servicio en Chiapas, por lo que se espera la operación futura de tres mil unidades.
No sería tampoco la primera vez que plataformas como Uber se enfrentan a la resistencia de mafias estatales y regulaciones locales. Aunque Aquiles Espinosa lo desconozca o se haga de la vista gorda, el tema esta resuelto a nivel nacional desde 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien, mediante las acciones de inconstitucionalidad 63/2016 y 13/ 2016, determinó como ilegales las leyes o actos de gobierno que intenten regular con las mismas normas a plataformas como Uber y los taxis convencionales.
De manera textual la sentencia establece que: «la modalidad de transporte de pasajeros contratada a través de plataformas tecnológicas no resulta comparable con el marco regulatorio aplicable a otros servicios de transporte de pasajeros, como el de taxis, pues el servicio prestado a través de las aludidas plataformas reviste características que lo tornan un modelo de negocio diferente al constituido para normar el transporte de pasajeros a través de taxis, cuyo mecanismo de regulación se rige fundamentalmente a través de concesiones otorgadas para tales efectos, lo que no sucede en la otra modalidad».
La resolución de la SCJN se refiere además a la violación directa a los derechos de los usuarios, pues señala que «la restricción establecida vulnera la libre concurrencia y competencia, al establecer barreras de entrada a las empresas o al exigir una forma específica de recepción de pago. Si bien estas barreras se establecen para evitar que los competidores accedan al mercado, a los que se acaba vulnerando es a los consumidores…».
Colima, Yucatán y Nuevo León han sido algunos de los gobiernos estatales que han tenido que enfrentar a las autoridades jurisdiccionales federales por oponerse al ingreso de las nuevas plataformas digitales, la apertura a la libre competencia y el reconocimiento pleno del derecho de los usuarios a elegir libremente a sus proveedores de servicios, y han perdido. Por eso en Chiapas el disparate autoritario de, además, llevar a prisión a quienes presten los servicios cobra mayores proporciones.
Lo que Aquiles Espinosa esconde entre líneas es el claro encubrimiento a las grandes mafias de concesionarios que evidentemente ha protegido y de las que ha sacado provecho. Y es que, ahora sí habla de sanciones y prisión, cuando ha solapado la proliferación desproporcionada permisos NP (Números Provisionales) y TL (Tolerados) en el servicio de Taxis, con ingresos no comprobables que pueden oscilar entre los 15 y 60 mil pesos por unidad.
O qué decir de las numerosas unidades con números clonados que también operan en absoluta impunidad. El asunto de fondo es que plataformas como Uber no sólo ponen fin a un monopolio que lleva años «sangrando» a los usuarios, sino que además tampoco generan cuantiosos ingresos en moches o dadivas (de concesionarios y piratas tolerados) a las autoridades transportistas para controlar su funcionamiento.
Hoy no se requiere mayor análisis para saber de qué lado está la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, y no es para defender precisamente los intereses de la ciudadanía. Esta vez son los usuarios quienes deberían tomar el tema en sus manos e impedir que nuevamente las mafias y «la corrupción de cúpula» se impongan a sus derechos dentro de un marco institucional que debería ponderarlos como prioridad y no como sector de sometimiento sin voz ni voto… así las cosas.
