Comisión Interamericana en Chiapas para inspeccionar situación de desplazados
Después de casi cuatro años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a México la adopción de medidas especiales para garantizar la vida e integridad de los habitantes de comunidades en Chiapas afectadas o desplazadas por conflictos territoriales, finalmente la organización internacional inició esta semana una visita de supervisión a la entidad.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la delegación de la CIDH tuvo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Detalló que a visita concluirá el próximo 15 de julio y tiene el fin de constatar la aplicación de las medidas solicitadas para 22 comunidades tsotsiles en los municipios de Chenalhó y Aldama.
Y es que, desde abril pasado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advirtió que el Estado mexicano no había tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades, lo que motivó a la CIDH a avalar la visita actual.
La crisis humanitaria que enfrenta esta región de la entidad chiapaneca es un problema que se agudizó con el paso de los años, mientras el gobierno de Manuel Velasco enfocó sus esfuerzos a ocultar y minimizar los hechos lastimosos. Nunca hubo capacidad y voluntad real para resolver la situación, pero sobre todo para garantizar la seguridad y bienestar de los desplazados.
La irrupción del «gobierno verde» para apoderarse de los bastiones electorales a costa de lo que sea fue abono fértil para la creación y fortalecimiento de nuevos grupos armados que hasta ahora siguen imponiendo su voluntad. A punta de pistola, balas y enfrentamientos violentos decenas de familias indígenas tuvieron que dejar sus viviendas, refugiarse en las montañas o desplazarse a las zonas urbanas para solicitar protección y ayuda.
Se trata de un tema que rebaso por completo a las actuales autoridades por la cantidad de «focos rojos» heredados. De acuerdo al informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), tan sólo durante 2018 un total de cinco mil personas se sumaron a las cifras de desplazamientos forzados en Chiapas.
El pasado gobierno verde no sólo fue omiso, también desacató una y otra vez las medidas solicitadas por organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Incumplió la minuta de acuerdos firmados por la Secretaría General de Gobierno el 19 de septiembre de 2017 en torno a la atención de los más de cinco mil desplazados por los diversos conflictos.
Velasco no cumplió con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas precautorias emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) respecto a la violencia en ese municipio. Se desentendió por completo de la problemática y el asunto creció hasta niveles lejos del control de las autoridades estatales.
Así ha pasado más de media década de campamentos improvisados, movilizaciones constantes, protestas y sufrimiento, sin encontrar todavía solución a una problemática que se agudiza con el paso de los años. Se trata de ancianos, mujeres y niños, familias completas, que viven a la espera y la zozobra de no tener un lugar donde rehacer sus vidas.
El cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH para devolver un poco de justicia a las familias de estos municipios es ya impostergable. La herencia de violencia y desplazamientos forzados dejados por las ambiciones políticas del pasado deben tener paz y soluciones urgentes. Los tres niveles de gobierno tienen hoy un compromiso con decenas de comunidades cuyas dolorosas historias son ya del dominio internacional y que, pese a ello, lamentablemente aún no pude regresar a casa… así las cosas.
