De las narcomantas en BCS a delegada de Profeco en Chiapas
Luego de haber sido exhibida con una «narcomanta» en la ciudad de La Paz por el presunto incumplimiento de adeudos con grupos criminales, Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez tuvo que dejar la delegación de la Profeco en Baja California Sur, pero no fue despedida. Pese a la gravedad de las acusaciones, la funcionaria fue reinstalada en Chiapas como delegada de la misma institución, donde hoy sus excesos también han comenzado a cobrar relevancia.
Fernanda Elena había acumulado en Baja California Sur una serie de acusaciones por abusos, nepotismo y corrupción durante su paso como delegada de la Profeco en aquella entidad. Los señalamientos quedaron documentados en diversas denuncias públicas y notas periodísticas. Por eso lo conveniente, para quienes la protegen, fue llevarla lo más lejos posible del centro del escándalo; de frontera a frontera.
Su función en Baja California Sur solamente duró dos años por la lluvia de críticas y señalamientos; sobre todo por la evidente protección que el actual procurador federal, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, tiene sobre ella, debido a la conocida relación laboral que ambos tienen desde que Sheffield fue presidente municipal de León, Guanajuato.
En La Paz, Trujillo Gutiérrez se llenó con denuncias por hostigamiento laboral a trabajadores de la institución y malos tratos. Las acusaciones en su contra escalaron hasta que fueron insostenibles y fue rescatada con la reubicación… Sin embargo, hoy algo similar está sucediendo en Chiapas, donde despacha desde el 2020 como delegada de la Zona Sureste.
El primer caso de abusos que ha salido a la luz en la entidad chiapaneca es de una trabajadora de 62 años con más de 15 años laborando en la dependencia federal, contra quien Trujillo Gutiérrez ha emprendido un hostigamiento sistemático desde hace meses para obligarla a renunciar y apoderarse así de ese espacio laboral. Un modo de operación similar al denunciado en Baja California Sur.
La sexagenaria, como otros trabajadores, ha sido presionada para renunciar a su puesto. Pero como eso NO pudo conseguirse de manera interna, Fernanda Trujillo inició desde el mes de abril un proceso penal en contra de la trabajadora de la tercera edad. La acusa del delito robo de archivos, paradójicamente durante el periodo en que Trujillo ni siquiera era delegada en Chiapas y la acusada se mantenía resguardada en su casa como población vulnerable ante la pandemia.
En menos de dos años Trujillo Gutiérrez ha emprendido una cacería rapaz para conseguir espacios laborales en Chiapas -a costa de lo que sea- para poder colocar a sus allegados. Y es que, el anterior es tan sólo el primer caso de hostigamiento -con uso de mecanismos penales- que han llegado a manos del sindicato de trabajadores de la Profeco. La mayoría contra personas de la tercera edad.
Se trata pues de un asunto que ha elevado la tensión al interior de la dependencia y que se ha agudizado con las muestras de rechazo emanadas de comerciantes e industriales a quienes la delegada ha dejado plantados en numerosas ocasiones; pues, aseguran, no hay audiencias directas con la funcionaria federal, para consumidores, personal inconforme o medios de comunicación, desde hace varios meses.
Hoy, si bien difícilmente podrán comprobarse los delitos por los que se han abierto procesos penales contra trabajadores de antigüedad en Chiapas, lo cierto es que el hostigamiento de la delegada se mantiene sin ningún freno por parte del gobierno federal. Mientras tanto lo sucedido en Baja California Sur sigue sin esclarecerse, apostando todo al olvido conveniente de la distancia, que para su mala suerte en Chiapas no le resultó… así las cosas.
