Retrasos, complicidad y abusos tras las obras de la vía Tuxtla – San Cristóbal
Se han cumplido ya cinco meses de retraso para la entrega de la ampliación de la carretera de cuota Tuxtla – San Cristóbal y hasta el momento no hay nueva fecha para su conclusión total. El proyecto, anunciado e iniciado en diciembre de 2020, estaba previsto para concluir en un plazo máximo de 24 meses, pero los compromisos han quedado en el aire.
La concesionaria española Aldesa, filial de la Concesionaria de Autopistas del Sureste, no sólo ha incumplido los plazos pactados, sino además ha elevado los costos de peaje en tres ocasiones durante las molestas obras. El último incremento a las tarifas ocurrió el pasado mes de febrero cuando, bajo el pretexto de los reajustes inflacionarios, la cuota pasó de 75 a 89 pesos para automóviles compactos.
A la concesionaria no le importó en lo más mínimo que las condiciones de la carretera aún fueran precarias, que las circunstancias de seguridad vial fueran deficientes y, mucho menos, que su fecha de entrega hubiese terminado un mes y medio antes. Bajo la venia de Caminos y Puentes Federales (Capufe), elevó los costos sin ningún compromiso nuevo de por medio.
En noviembre de 2020 los detalles del proyecto fueron anunciados. La ampliación comenzó durante la primera semana de diciembre de ese mismo año, contemplando una inversión de 45 millones de pesos para la intervención de 30 kilómetros de vía y su ampliación a tres carriles. Se trata de un proyecto contemplado dentro del Acuerdo Nacional de Infraestructura, encabezando la lista de proyectos prioritarios para el actual gobierno federal.
El inicio de su ejecución se había postergado ya por la crisis epidemiológica, por lo que se decidió comenzar ese mismo año, debido a los 24 meses contemplados para su desarrollo. No obstante, ni siquiera su asignación como obra prioritaria garantizó nada. Hoy los trabajos están prácticamente detenidos en la mayoría del tramo intervenido. Son pocas cuadrillas las que se ven trabajando de manera intermitente y los pronósticos de conclusión no resultan tan alentadores.
La vicepresidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de Chiapas, Fabiola Ricci Diestel, reveló recientemente que el legislativo estatal ha intentado constantemente establecer contacto con la empresa concesionaria para recibir una explicación del retraso, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Por el contrario, la empresa Aldesa ha guardado silencio ante el incumplimiento de los plazos.
Sin embargo, la indiferencia de la concesionaria no sólo se ha limitado al retraso de la entrega, sino también a las deficiencias en materia de seguridad vial durante las obras. Y es que, según estadísticas oficiales, durante los casi dos años y medio de ampliación los accidentes en la vía han sufrido un incremento sustancial. El más reciente ocurrió apenas el pasado 10 de mayo cuando cuatro personas perdieron la vida por el impacto de una unidad de transporte público y un auto particular.
El asunto no es para menos, pues se trata de una de las carreteras más transitadas de la entidad con un flujo diario de más de 11 mil vehículos, de acuerdo a cifras del mismo Capufe. Por eso la importancia y urgencia de que las obras se concluyeran como estaban pactadas. Por eso, la inconformidad generalizada ante el abuso de una concesionaria que ha elevado sus costos sin cumplir sus compromisos y la indiferencia de Caminos y Puentes Federales para permitir que eso suceda.
Hoy es obligación de las autoridades exigir que la empresa concluya el proyecto lo antes posible o establecer medidas de compensación al usuario, como reducción de cuotas, mientras la demora se prolongue. Sin olvidar, por supuesto, su obligación en materia de seguridad vial. Porque no debería permitirse ya seguir tolerando tantos abusos a la empresa concesionaria, pero tampoco tanta permisividad y omisión de un Capufe evidentemente cómplice… así las cosas.
