En la Mira / Héctor Estrada

Ciudadanía logra validación de iniciativa contra el maltrato animal en Chiapas

Después de dos años de una intensa campaña social para recabar las firmas y los documentos exigidos por la ley, finalmente el pasado 4 de diciembre el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) validó el cumplimiento de los requisitos constitucionales para llevar al Congreso de Chiapas la iniciativa ciudadana contra el maltrato animal en la entidad.

La odisea emprendida inicialmente por la asociación civil “Colectivo Ruta” comenzó en diciembre de 2021 con la solicitud de los formatos oficiales para activar el mecanismo de “Iniciativa Popular”, contemplado en el Código Electoral del Estado de Chiapas. Habían pasado años de acercamientos constantes entre diversas organizaciones civiles y las legislaturas del congreso local para abordar el tema del maltrato animal, pero nada se había materializado en una iniciativa concreta.

Tan sólo durante los últimos 15 años al menos tres organizaciones defensoras de la fauna doméstica en Chiapas habían buscado ante el legislativo estatal consumar una iniciativa contra el maltrato animal. Sin embargo, sólo recibieron largas, promesas incumplidas y resistencias a las propuestas. El tema, aunque presente en los discursos políticos e iniciativas de ocasión, siempre concluyó en los archivos del legislativo, lejos del interés real de las fuerzas políticas locales.

Esa fue la razón por la que ciudadanos decidieron organizarse, formular su propia iniciativa y obligar al Congreso de Chiapas para someterla a votación. El mecanismo elegido fue justo el de “Iniciativa Popular”, y para logar su validación se requería juntar las firmas del uno por ciento del padrón electoral en la entidad, es decir más de 38 mil apoyos ciudadanos, con su respectiva documentación acreditable.

No había dinero público ni el financiamiento de partidos políticos, simplemente el deseo de quienes se sumaron para recabar las firmas en diversos puntos del estado; primero bajo la coordinación del Colectivo Ruta A.C, y luego bajo un conglomerado más grande constituido oficialmente como “Maltrato Animal al Código Penal A.C.”… Y así pasó más de un año y medio, acudiendo a parques, espacios públicos y visitas personales para conseguir la cantidad de firmas exigidas.

Por antecedentes los organizadores sabían que la cantidad de firmas debía ser mucho mayor a la mínima requerida. Experiencias distintas en otras entidades habían dejado ya de manifiesto el escrutinio exageradamente minucioso de las autoridades electorales para validar o verificada cada uno de los registros. Cualquier error mínimo de captura, desactualización de datos en las credenciales o variaciones en los registros serían suficientes para invalidar cada apoyo obtenido.

Y no se equivocaron. Al final de cuentas la odisea para recabar firmas concluyó en junio del presente año con la entrega de la documentación a la Oficialía de Partes del Congreso de Chiapas para dar trámite al proceso. En Total fueron entregadas 52 mil 385 firmas para su verificación ante el Registro Federal de Electores.

Así comenzó un nuevo proceso el 11 de agosto, para cotejar, validar y subsanar déficits, que terminó el pasado 4 de diciembre. De las más de 52 mil firmar recabadas, finalmente fueron validadas un total de 39 mil 794 que permitieron alcanzar la hazaña del 1% y la aprobación histórica del Consejo General del IPEC para turnar la iniciativa a la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas.

Hoy, el siguiente paso definitivo está ya en manos de las y los legisladores. Ellas y ellos tendrán que turnar a las comisiones, analizar y votar la iniciativa de decreto por el que se pretenden reformar diversas disposiciones del Ley de Protección a la Fauna del Estado de Chiapas y el Código Penal del Estado de Chiapas. Una iniciativa popular respaldada por más de 52 mil ciudadanas y ciudadanos, 39 mil 700 validados por el propio INE, que sienta un precedente en los mecanismos de participación popular dentro de la entidad.

Por eso esta vez la iniciativa, ya en manos del legislativo local, cobra relevancia mayor. Y es que, se trata finalmente del primero o uno de los primeros proyectos de reforma legislativa emanados realmente desde la ciudadanía, mediante el mecanismo de iniciativa popular en Chiapas; por lo que su materialización o no en nuevas leyes colocará bajo la lupa a los poderes políticos en la entidad para corroborar o descartar su supuesto “compromiso real” con la ciudadanía pacífica y organizada… así las cosas.

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