Detenidos, sin orden de aprehensión, desde 2022
Manuel Santiz Cruz fue arrestado el 29 de mayo de 2022 por miembros de la Policía Municipal de San Juan Cancuc y de la Guardia Nacional, quienes no presentaron una orden de aprehensión ni informaron sobre el motivo del arresto. Manuel es defensor indígena Tzeltal y presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc. Sin embargo, su delito fue haberse opuesto al principal proyecto corretero cancelado durante el gobierno de Rutilio Escandón.
El caso de Manuel Santiz llegó a su punto de quiebre a finales de mayo de 2022 luego de ser citado a comparecer ante el ministerio público por el supuesto delito de “posesión de drogas”. Se había convertido durante meses en uno de los líderes indígenas, opositores a la carretera Palenque – San Cristóbal, más incómodos para el gobierno en turno, por lo que los procesos judiciales en su contra no se hicieron esperar.
Tras comparecer por su primera detención, Santiz Cruz fue liberado al día siguiente. Sin embargo, inmediatamente después de su liberación, fue de nuevo arrestado. Esta vez por el supuesto delito de “homicidio calificado” en contra de un policía, por lo que fue trasladado al CERSS número 5… En ese momento, no hubo mayor explicación, ni la presentación de una orden de aprensión formal. Sin embargo, la cadena de detenciones arbitrarias no había terminado.
El 1 de junio de ese mismo año, los indígenas Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez acudieron a testificar en favor de Manuel, pero también terminaron arrestados y vinculados a proceso por el mismo delito. El mismo destino sufrieron Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, quienes de igual forma fueron procesados más tarde.
No obstante, de acuerdo con el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), durante la audiencia la Fiscalía aportó pruebas que no determinaban la causa de la muerte del miembro de la policía. Además, los testimonios aportaron información contradictoria.
Y es que, la detención arbitraria y criminalización de los cinco indígenas se dio en un contexto de oposición a la presencia del Ejército de México y de la Guardia Nacional en Chiapas, así como a la ampliación de la llamada “Carretera de las Culturas”, por parte del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc y de 45 comunidades indígenas Tzeltales del municipio de San Juan de Cancuc.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, hasta el momento consta en expedientes que fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, acusados de haber asesinado a un policía municipal de esa localidad e incomunicados; además de ser procesados sin abogados, sin intérpretes y con uso excesivo de la fuerza, entre otras anomalías, atropellos e ilegalidades denunciadas.
Por eso, su caso fue finalmente analizado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien finalmente determinó que “la privación de libertad fue arbitraria”, por lo que el pasado 10 de julio pidió al Gobierno de México adoptar medidas necesarias para remediar la situación, liberando “inmediatamente a los cinco individuos y concederles el derecho efectivo a una indemnización”.
El caso ha comenzado a llamar inevitablemente la atención de organismos internacionales, que ven en los hechos un claro incumplimiento de los tratados internaciones sobre el debido proceso, por lo que se han abierto los canales de exigencia internacional, no sólo para agilizar la liberación, sino también para llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente que derive en sanciones para los responsables de la detención ilegal y las violaciones a derechos humanos… así las cosas.
