De acuerdo con quienes estudian los procesos mentales y la socialización humana, existen tres momentos críticos en la vida de las personas: la pérdida del empleo, el fallecimiento de familiares y seres queridos, y el cambio de domicilio. Estos tres eventos pueden ser llevaderos si se tiene la certeza –o, al menos, un atisbo de ella– de que el sujeto involucrado podrá continuar con su vida a pesar de la pérdida y del cambio, pero ¿qué pasa cuando uno de estos sucesos o, incluso, cuando los tres ocurren simultáneamente y con violencia?
Eso es lo que viven las personas desplazadas por la violencia paramilitar, por el crimen organizado o por conflictos territoriales. Migrantes internos por causa de violencia o inseguridad, les llama el gobierno actual. A ellas y ellos les arrebatan una parte de lo que son: su pasado y sus semillas, sus asideros y su futuro, sus vínculos con los demás y con su entorno.
No existen razones para no voltear a ver el grave problema que sufren las casi 350,000 personas desplazadas internamente en México. Los motivos para salir de sus lugares de origen sin tener un destino claro, tienen que ver con la ausencia del Estado y la debilidad de sus instituciones. Si la autoridad no está presente en algún lugar, algún otro ente lo hará. No hay espacios vacíos. El crimen organizado o los grupos paramilitares han ocupado dichos espacios e impuesto su ley, una que no responde a los objetivos compartidos por la sociedad mexicana, sino a intereses particulares. La falta del Estado también se concreta en la incapacidad para resolver los problemas agrarios y territoriales –y de otro tipo– que se convierten, al paso del tiempo, en conflictos armados entre comunidades.
La salida de los habitantes es sólo una expresión de la gravedad de los problemas y no la causa, por ello el diagnóstico debe hacerse con cuidado. ¿Qué tiene que pasar para que una mujer, un hombre o una familia decidan irse de su hogar? Los más pobres de los pobres –»los condenados de la Tierra», para usar el título del libro de Frantz Fanon– son los que más sufren estas circunstancias. Son los olvidados. Los que sólo tienen su fuerza vital para ser alguien y las horas del día para reconocerse como humanos porque nadie más les da esa categoría.
La gobernabilidad, preocupación constante de las autoridades, sólo mengua si existe un agente que pueda competir con el Estado en el cumplimiento de sus funciones. La literatura politóloga y jurídica expresan que no puede haber otro ente superior que el Estado, razón por la cual inquieta que sus representantes no tengan la fuerza para evitar estas críticas situaciones. Los desplazamientos son un asunto de gobernabilidad. Entre el 2013 y el 2018, cinco estados son los que produjeron más eventos de esta naturaleza: Estado de México, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas dependiente de la Secretaría de Gobernación, publicado en 2020.
Las personas desplazadas llevan consigo la nostalgia de su viejo hogar y el sueño de un mejor mañana; por ello, aún no caen en el precipicio de la esperanza perdida, mas están en el límite. De todos depende que esa esperanza se vuelva realidad. La paz no ocurre por decreto, se teje con todas las manos.
