En manos del pueblo

Quedó registrada la alianza Todos Por Chiapas, pero no el candidato a la gubernatura. Para resolver el problema, diputados y alcaldes solicitaron una consulta ciudadana para definir al abanderado de esta coalición que participará en la elección del próximo mes de julio

Portavoz Staff

[dropcap]Q[/dropcap]uedó registrada la alianza Todos Por Chiapas, pero no el candidato a la gubernatura. Para resolver el problema, diputados y alcaldes solicitaron una consulta ciudadana y con base en ella, definir al abanderado de esta coalición que participará en la elección del próximo mes de julio.
En su petición también incluyeron que la opinión sea recabada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Con esto, pretenden quitar candados; «queremos que sea un proceso incluyente y democrático, que no lesione los derechos políticos de ninguno de los aspirantes y mucho menos la dignidad de la ciudadanía que participará en este proceso», se lee en el documento.
De igual forma, demandaron que no haya intrusión de ningún líder local o nacional de los institutos políticos para perjudicar a alguno de los aspirantes.
«Expresamos nuestro compromiso de manera firme y clara que no nos prestaremos a ningún tipo de engaño o simulación que se pudiera dar en este proceso, que pretenda imponer a un candidato carente de legitimidad porque seguramente irá a la derrota en el proceso constitucional del primero de julio del presente año», finaliza el texto.
Esta solicitud se da en el marco de una rebelión interna entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), integrantes de la coalición. En días pasados, 56 de los 57 alcaldes del tucán amenazaron con renunciar a su afiliación política, en rechazo a la imposición del senador, Roberto Albores Gleason, como el candidato de dicha unión.
Asimismo, Eduardo Ramírez Aguilar, líder de la bancada Verde en el Congreso local, renunció a la diputación local, a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y a la dirigencia de ese instituto político, en un mitin denominado Asamblea por la Dignidad; no obstante, el Comité́ Ejecutivo Nacional del PVEM rechazó el lunes su partida, así́ como la de 14 legisladores más adheridos a ese instituto.
«Todos Unidos Por Chiapas», conformada por el PRI, PVEM, Panal, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, se registró el martes pasado antes de vencer el plazo legal para la inscripción de la misma. El presidente del último partido, Enoc Hernández, anunció que la elección del candidato se dará a mitad del mes de marzo, cuando se haga pública la convocatoria, con base en las cinco fuerzas políticas.
«Podrá participar cualquier militante de cualquiera de los cinco partidos. Habrá una consulta directa a la ciudadanía y el que resulte ganador, ese será el candidato de estos cinco partidos de esta coalición denominada Todos por Chiapas», afirmó.

Unirse para ganar

Candidaturas comunes y coaliciones electorales son dos mecanismos que hacen valer el derecho electoral en el que dos o más partidos acuerdan participar en una elección determinada, esto se tiene que hacer valido a través de convenio; y aunque buscan el mismo fin, existen diferencias en ambas.
Por la primera se entiende la postulación de un mismo candidato, por dos o más partidos políticos, sin mediar un convenio. Para que se dé esta figura, deberá existir consentimiento escrito por parte del ciudadano postulado. Si los partidos políticos inscriben candidatos comunes, conservarán cada uno sus derechos, obligaciones y prerrogativas establecidas en el Código Electoral de la entidad.
En las boletas, en un solo recuadró deberán aparecer los tres o cuatro partidos políticos que estén en candidatura común.
En tanto, cuando un partido advierte que por sí solo no logrará ganar una elección, puede unirse de forma temporal con otra fuerza política; así crece su oportunidad de éxito. De esta manera surge una alianza o coalición electoral; una forma de organización entre partidos políticos con el propósito de obtener puestos de representación popular.
Según establece la Ley General de Partidos Políticos, en el país existen tres tipos de coaliciones: total, parcial y flexible. La primera se da cuando el acuerdo suscrito establece que en todos los puestos de elección popular en disputa, la alianza irá con candidatos comunes.
Es parcial cuando los partidos coaligados comparten más de la mitad de los abanderados, pero si la cuarta parte de los aspirantes formaran parte del convenio, entonces la coalición será flexible.
El día de los comicios, en las boletas electorales deberán aparecer separados los emblemas de cada partido y el votante podrá marcar uno o a cada uno de los partidos que conforman la coalición, y el voto contará como uno solo para los diferentes partidos aliados.
Durante los comicios, sólo uno de los partidos que conforman la coalición deberá tener representantes ante las mesas de casilla y generales en el distrito, es decir, sólo un partido deberá tener una estructura lo suficientemente fuerte para trabajar de manera eficaz durante la elección.
También existe una diferencia entre una coalición electoral y un gobierno de coalición. Mientras el objetivo de la primera es lograr un número mayor de votos, la segunda busca la alianza de varias fuerzas políticas con el fin de conformar una mayoría legislativa que respalde un programa de gobierno común y que genere acuerdos que puedan dar continuidad a éste y por ende, pueda ser de un beneficio que trascienda el periodo electoral.

¿Qué es una consulta ciudadana?

La participación ciudadana es uno de los derechos más importantes que tiene la población; misma que da la oportunidad de intervenir en la formulación de políticas públicas, en la aprobación de leyes, así como en cualquier otra decisión que adopten las autoridades
El mecanismo para ejercer este derecho es a través de la consulta popular, la cual invita a la población a emitir su voto, con el que expresa su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia estatal; se les considera que tienen ese alcance cuando repercutan en la mayor parte del territorio o que impacten en una parte significativa de la población.
El artículo 35 constitucional establece que la consulta debe ser organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a petición del presidente, el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
De acuerdo con el portal del INE, en los temas a debatir se les calificará su constitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, mediante el Tribunal de Justicia Constitucional.
Además, cuando la participación total corresponda, al menos, al 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores con corte a la fecha que se haga la consulta, en el respectivo ámbito, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades estatales y municipales competentes.

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