Durante su visita a Chiapa, la consejera del INE consideró que las condiciones para garantizar el cumplimiento del principio ya existían desde 2015, y no había ninguna razón que justificara su incumplimiento; la obligación inicia desde los partidos, que deben generar escenarios propicios para estas postulaciones en los términos que señala la Constitución; y por otra parte, debe existir una postura fuerte por parte de la autoridad que no permita desvíos y ocurrencias
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]uego que hace cinco días el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara por unanimidad las acciones afirmativas para que partidos políticos o coaliciones cumplan con el principio de paridad de géneros y garanticen fórmulas integradas por aspirantes indígenas en el registro de candidaturas federales a diputaciones y senadurías, la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles aclaró que esto es una medida para compensar condiciones de desigualdad estructurales, no de sobrerregulación del tema.
En entrevista con el portal noticioso Voces Feministas, la funcionaria electoral abordó diversos tópicos entre los que destacó la necesidad de garantizar la paridad de género en candidaturas, ante un contexto en el que lo estipulado en la Constitución mexicana ha sido desdeñado; así como el tema de la representación indígena.
Esto resulta relevante para Chiapas dado que la entidad es una de las tres con mayor incidencia de violencia política por razones de género, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres. Además, es de extracción indígena poco más de la cuarta parte de su población, cantidad que es apenas 12 mil personas menor que la cifra de votantes por la que Manuel Velasco Coello se adjudicó la gubernatura estatal, en 2012.
La discriminación existe
San Martín Ríos y Valles admitió que, si bien hubo una diferencia grande entre los consejeros en el acuerdo aprobado hace un par de días en torno a las acciones afirmativas, en estos años el Consejo General del INE se ha caracterizado por avanzar en las medidas para garantizar derechos. En el caso específico de la paridad de género, dijo que dentro del máximo órgano electoral de la nación hay quienes, como ella, piensan que deberían tomarse medidas adicionales ante la insuficiencia del marco legislativo con el que se cuenta.
«El mejor ejemplo, me parece, es el de las acciones afirmativas respecto de las personas indígenas, porque podemos tener un marco institucional en el que se reconoce la naturaleza pluricultural, étnica de nuestro país y hasta ahí queda, pero no tenemos un reflejo en el órgano máximo de representación de nuestro país: la Cámara de Diputados.
«Entonces me parece que esta ausencia de presencia de personas indígenas y particularmente de mujeres indígenas (porque, además, se debe de señalar: la menor participación que se ha tenido respecto a personas indígenas es de mujeres), nos obligaba a tomar medidas precisamente ante un contexto de una diferencia enorme de una distinción que sí existe y una discriminación que también existe», explicó.
¿Se repetirá caso Chiapas?
A la pregunta expresa de si el INE está preparado para que no se repita lo de las elecciones en 2015, en Chiapas, cuando se violó la paridad en las candidaturas y sucedió el fraude en la elección del diputado migrante, la servidora pública aseguró que los consejeros que incurrieron en prácticas negativas ya no se encuentran en la institución.
«Después del caso Chiapas, el Consejo General del INE determinó destituir a las y los consejeros que habían incurrido en esas prácticas indebidas; una parte por una mayoría calificada de votos, fue destituida por el INE, otra parte de cuatro consejeras y consejeros de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero al final del día ninguna de las consejeras y consejeros que fungieron como tal durante el 2015 están hoy en ese órgano.
«Se hizo un proceso de renovación completa a partir de hechos que fueron inaceptables; tanto el incumplimiento de un principio constitucional como es la paridad, como el fraude en la elección del diputado migrante. Ambos hechos eran absolutamente inaceptables pero precisamente la consecuencia fue que fueron destituidos todas y todos los consejeros y ahora tenemos a nuevos consejeros que incluso en el tema de paridad, ya hace más de un año, tal vez menos, aprobaron los lineamientos a fin de generar herramientas para que los partidos no puedan argumentar que no tienen las condiciones para cumplir con la paridad establecida en la Constitución (…), para efectos de la elección de 2018».
Asimismo, consideró que ya existían las condiciones en los comicios de 2015, de ahí las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que favorecieron la paridad de género.
«Yo creo que las condiciones existían desde el 2015, creo que no había ninguna razón que justificara el incumplimiento del principio de paridad; tan es así que el acatamiento a una sentencia del Tribunal se cumplió. Pero me parece que ese no es el camino para cumplir, el camino tiene que pasar, sin duda, por un cumplimiento inicial de los partidos, de generar las condiciones y tomar las decisiones para postular en paridad, en los términos que señala la Constitución; y por otra parte, una postura fuerte de la autoridad que no permita que se tome una medida en un sentido distinto», añadió.
Respecto a las voces que hablan acerca de una tendencia a la sobrerregulación de temas desde el Consejo General, explicó: «Establecer medidas afirmativas no es sobrerregular; es establecer medidas temporales, proporcionales, para atender un fin específico y generar un contexto de igualdad material.
«Nuestra Constitución dice que todos somos iguales; el problema es que sólo tenemos que salir a la calle que no todos somos tan iguales y que no todos podemos gozar de los derechos de la misma forma y cuando advertimos condiciones de desigualdad estructural, lo que las autoridades estamos obligadas a adoptar son acciones afirmativas para compensar esa situación y me parece que eso es lo que se aprobó; se aprobó en términos de las obligaciones convencionales, constitucionales, que tenemos en el Estado mexicano».
Ante la resistencia de los institutos políticos por que se aplicaran estas medidas afirmativas, «ahí es donde entramos las autoridades; los partidos políticos pueden estar a favor o pueden estar en contra de estas medidas, pero las autoridades somos quienes tenemos una obligación de garantizar la tutela de derechos con o sin la anuencia de los actores».
A más mujeres contendientes, más violencia
Las analistas ya han presagiado que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
En junio pasado, para CIMAC noticias, la consultora Teresa Hevia Rocha comentó que en los últimos dos procesos electorales, en los estados se ha recrudecido la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos. Mencionó el caso de Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó.
La experta consideró que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación, pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad.
Acerca de la apreciación de que a más mujeres contendientes, habrá más violencia, la consejera electoral opinó que hay que tomar todas las medidas para evitar, investigar, combatir y sancionar cualquier caso de violencia política que se dé en un proceso electoral, pero con la misma fortaleza se debe combatir cuando se esté utilizando una bandera de esta naturaleza con otra intención, porque desvirtúa lo que sí ocurre en el caso de mujeres participantes en un proceso electoral.
«Tenemos que cuidar los dos extremos. Tanto combatir y sancionar, investigar, prevenir las acciones que sí constituyen violencia política, como también no dar cabida al uso de esa figura precisamente porque la persona no quiere prestarse a una rendición de cuentas, porque eso también lo hemos llegado a ver en los procesos electorales y creo que los dos perjudican la participación política de las mujeres», expresó.
Acerca de la ordenanza por parte del INE, que dicta postular en primer lugar a mujeres en las fórmulas, comentó que con ello el Consejo General del INE implementa una medida para garantizar la paridad de género.
«En términos de la ley, la lista se conforma alternadamente; la primera fórmula es de un género, la segunda del otro: hombre-mujer o mujer-hombre. ¿Cuál es la relevancia que fuera una mujer quien encabezara? Que cuando hay una asignación par de senadores, no cambia nada porque entra una mujer y un hombre, con independencia de quien encabece; pero cuando tienes nominales o de representación proporcional, dos de la lista tienen que ser encabezadas por personas del mismo género, tienes dos o tres listas que se ordenan precisamente con la misma lógica».
Destitución de fiscal, pésima señal
La consejera Pamela San Martín Ríos y Valles calificó de pésima la acción de haber depuesto a Santiago Nieto Castillo de la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), sobre todo por la forma en que esto sucedió.
«Es una pésima señal, pero más por la forma en la que se da esta destitución. No solamente es un tema de decidir, ya iniciado el proceso electoral, si destituir a un fiscal, si no hacerlo cuando hay una discusión respecto a una investigación que está realizando; es decir, a días de que está en el espacio público esa discusión, se le destituye sin mayor explicación más que violó un código de ética que no logramos entender en qué consiste.
«Creo que hay ciertas garantías que debería tener todo juez y todo magistrado, en términos incluso de las obligaciones internacionales que tenemos, para garantizar la imparcialidad de la función que desempeña y que pues no se ven honradas con la forma en que fue destituido. Y luego pues llegar al punto de que la discusión en la Cámara de Senadores es ver si la objeción o no de la decisión que se tomó se hace en votación cerrada o abierta.
«Me parece que tiene que haber mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas mucho más grandes, respecto de con qué garantías va a contar o debe de contar cualquier persona que ejerza un cargo como el que tenía Santiago Nieto», opinó la consejera del INE.
Por último, cuestionada sobre el mayor desafío que afronta el INE ante el proceso electoral 2018 que ya inició, San Martín Ríos y Valles concluyó: «Es un desafío que no solamente tiene una incidencia en la participación política de las mujeres, si no en la participación política de todos, y es la democratización interna de los partidos políticos; la posibilidad que tiene cualquier persona, cualquier mujer de postularse para una candidatura, es decir, no tener que ser una elegida por un digamos alguna razón en particular por las élites de un partido político. El desafío es, en sí, la democracia en general».
