Pese a las posibles sanciones, el presidente López Obrador cumplió su promesa de convertir en Área Natural Protegida la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, ubicada en Playa del Carmen
Aquínoticias Staff
El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa de proteger el medio ambiente al decretar la creación de una nueva Área Natural Protegida (ANP) en Quintana Roo, denominada «Felipe Carrillo Puerto». Esta reserva abarca más de 53,000 hectáreas, incluyendo terrenos de la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, ubicada en Playa del Carmen.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, invoca el artículo 4 de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y el artículo 27, que permite al Estado imponer restricciones a la propiedad privada en beneficio del interés público. Con la medida, se prohíbe toda actividad extractiva en la zona, afectando directamente las operaciones de Vulcan, que utilizaba el material pétreo extraído del subsuelo mexicano para exportarlo a Estados Unidos.
La mina Calica ha sido foco de controversia debido a los daños ambientales que ha causado. Según el estudio justificativo del decreto, la extracción masiva de roca caliza ha alterado los flujos subterráneos y generado desabasto de agua, afectando gravemente el equilibrio ecológico. Se han expuesto nueve cuerpos de agua en el área, lo que representa un riesgo para la calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos.
En su conferencia matutina de julio pasado, López Obrador había advertido que convertiría Calica en una reserva natural tras fracasar en las negociaciones para que el Estado mexicano comprara la tierra a Vulcan. «Es mucho el daño», afirmó el mandatario, quien también acusó a la empresa de estar mal asesorada por abogados que confiaban en revertir la situación una vez concluido su gobierno.
Reacciones y presiones internacionales
La decisión de AMLO ha provocado una reacción inmediata en Estados Unidos. Senadores republicanos y demócratas presentaron una iniciativa de ley para sancionar a México si el presidente concretaba la expropiación. Las sanciones podrían incluir restricciones a las empresas de carga y pasajeros que utilicen la Terminal Marítima de Punta Venado, desde donde Vulcan embarcaba los materiales.
Además, Vulcan Materials mantiene desde 2018 un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado mexicano, reclamando 1,500 millones de pesos. El conflicto tiene sus raíces en cambios al uso de suelo realizados en 2009 por el ayuntamiento de Solidaridad, que impidieron las actividades extractivas en dos de sus predios. Este arbitraje podría intensificarse tras la reciente clausura definitiva de las operaciones de la empresa.
Futuro de la reserva y el medio ambiente
La declaratoria de ANP en Felipe Carrillo Puerto representa una victoria para los defensores del medio ambiente, quienes ven en esta acción una salvaguarda para el ecosistema de la región. El gobierno mexicano ha mostrado su determinación de preservar el equilibrio ecológico y restaurar los recursos naturales dañados por la explotación industrial.
Con esta medida, López Obrador busca dejar un legado en materia de protección ambiental, reforzando el compromiso de su administración con el desarrollo sostenible. Mientras tanto, la empresa Vulcan aún no ha revelado el incremento de su reclamo ante el CIADI, lo que presagia una prolongada batalla legal entre ambas partes.
Con información de El Economista
