Las tres compañías fueron identificadas como Ravsan Servicios Múltiples, Comercializadora Pagoli, Corporativo Lizgar y LG Asesores Corporativos SC, quienes firmaron contratos en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2012
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]A[/dropcap]l menos 118 millones de pesos fue lo que cuatro empresas veracruzanas ligadas al exgobernador priista y prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, recibieron del Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla (Situtsa) que opera el Conejobús; le asistieron mediante servicios de outsorcing durante el mandato de Juan Sabines Guerrero, actual cónsul de México en Orlando (Florida), reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que fue retomada por Animal Político.
Las tres compañías fueron identificadas como Ravsan Servicios Múltiples, Comercializadora Pagoli, Corporativo Lizgar y LG Asesores Corporativos SC, quienes firmaron contratos en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2012 con Situtsa, en el que el gobierno de Chiapas tiene participación accionaria del 51 por ciento. Las cuatro están implicadas en la red de empresas «fantasma» que Duarte utilizó para desviar fondos públicos.
Ravsan cobró en Chiapas más de 68 millones 600 mil pesos; Pagoli, 27 millones 850 mil y Corporativo Lizgar, 22 millones 736 mil pesos. La investigación no menciona la cantidad otorgada a LG Asesores Corporativos SC pero resalta que uno de sus socios, Mauricio Bayron González, es el apoderado legal de Trasportes Urbanos de Tuxtla pues «fue quien en 2010 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a realizar a nombre de la transportista paraestatal los trámites de registro de la marca Conejobús».
En asociación con los mismos transportistas, el gobierno estatal —entonces encabezado por Sabines Guerrero— aportó más de 120 millones de pesos para adquirir 90 vehículos, a fin de poner en marcha este sistema que inició operaciones en 2010. Desde el primer momento se establecieron los convenios con las compañías para que mediante subcontratación se hicieran cargo de la operación del Conejobús pues «suministraban personal (…) y ofrecían servicios de asesoría contable y administración», se lee en el reportaje.
El proyecto era parte de la modernización del transporte en Tuxtla Gutiérrez, plan que se extendería a diferentes municipios —como en el caso del Tapachultecobús— en los años consecutivos; al final no fue así. «Los contratos tenían vigencia hasta 2013, pero una serie de irregularidades detectadas aquel año en una auditoría, forzaron a su terminación anticipada», afirma el texto hallado en el portal noticioso.
De acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública 2013, obtenido por Portavoz de la página web de la Auditoría Superior de la Federación —dependiente de la Cámara de diputados—, entre las entidades federativas que ese año concentraron la mayor proporción del monto a los que se le hicieron observaciones por inconsistencias, están Veracruz con 17.3 por ciento de los recursos observados; y Chiapas, con el 5.2 por ciento.
Ese 2013, Chiapas obtuvo una calificación de 63 —en una escala de 100— con respecto al índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado. A mayor valor, más adecuado es el ejercicio de los recursos federales transferidos; Chiapas se ubicó en el lugar 20 de 32 en este aspecto.
Animal Político retoma información que ese año manejaron Código Sur, El Péndulo y Diario de Chiapas, respecto al adeudo fiscal de 32 millones de pesos que afrontaba el Conejobús y que era atribuido justo a las empresas de outsorcing que lo operaban, las cuales eran consideradas por el Servicio de Administración Tributaria «como no indispensables para el desarrollo de la actividad».
La investigación periodística consigna que a pesar de tratarse de aparentemente «prósperos empresarios», algunos socios de estas compañías «fantasma» aportaron como domicilios fiscales lugares hallados en zonas humildes; e incluso en algunos casos, los comparten entre sí.
En el caso de Ravsan, su dirección remite a una sencilla vivienda de un piso en la calle Guadalupe 1599, de la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz. Tanto su dueño, Luciano Sánchez Díaz, como otro accionista, Eduardo Ravelo López, también refirieron habitar en lugares con similares condiciones. «Sánchez Díaz, en el lote ocho de la calle Olivos, en la colonia Miguel Alemán; y Eduardo Ravelo en un departamento de un maltrecho edificio en el conjunto Infonavit Chivería».
«Corporativo Lizgar —otra de las empresas veracruzanas que operaba en Chiapas— tiene como socia a Areli Sulema Galloc, dueña a la vez de Bloques 2DM, firma «fantasma» que durante el sexenio de Duarte recibió 38 millones de pesos en contratos», consiga el trabajo informativo.
Tanto en Chiapas como en Veracruz, Comercializadora Pagoli SA de CV recibió contratos. Su apoderado legal resulta ser el mismo que el de Ravsan Servicios Múltiples, César Álvarez Alegría; a su vez, se le identifica como socio o representante de otra empresa «fantasma» de Duarte, denominada Cerene SA de CV, a la que el exgobernador veracruzano «le otorgó contratos por 5 millones de pesos».
La situación de la cuarta empresa, LG Asesores Corporativos SC, levanta aún más suspicacias. Según la investigación firmada por Raúl Olmos —de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad—, esa compañía tiene como domicilio: Sahagún 123, fraccionamiento Virginia, en Boca del Río; ésta es la misma dirección que Bayron González, apoderado legal de Situtsa, aportó como domicilio fiscal ante el IMPI. Además, LG Asesores Corporativos SC es dirigida por el contador y empresario Víctor Manuel López Gachuz, quien maneja «una serie de despachos fiscales», todos ubicados también en Sahagún 123.
«De acuerdo con documentos obtenidos para esta investigación (de Mexicanos contra la Corrupción), en uno de esos despachos ha colaborado, como apoderado legal, César Álvarez Alegría, quien participa como socio o representante de al menos tres de las empresas «fantasma» de Duarte (Ravsan, Cerene y Pagoli)», especifica el escrito.
