En invierno de 2008, Amando Colunga, mi profesor de Filosofía de la Historia de la gélida y combativa Facultad de Ciencias Sociales de la Unach, nos introducía al pensamiento de Baruch Spinoza a través de «Tratado Teológico-Político» (1670) un potente texto del filósofo neerlandés en el que se planteaba profundos cuestionamientos que bosquejaban ya la idea de que el Estado debería limitar su potestad para restringir los actos externos de sus súbditos, como el de la libertad de pensamiento, para fines de una seguridad colectiva.
El suyo, fueron tiempos atónitos como los actuales, aquellos del supuesto progreso en occidente, de la duda descarteana como método y aunque la concepción de Estado en Spinoza era un tanto limitada, la defensa de estas libertades fundada en la racionalidad iusnaturalista ayudó a configurar las bases del pensamiento político de la modernidad.
Aproximadamente unos treinta años antes, en 1644, John Milton, defendía en «Aeropagítica» el derecho de la libertad de imprenta en Inglaterra, su apasionada oposición a la censura permeó la idea liberal de que la libertad de expresión debería ser garantizada por el pacto social para fines de garantizar a su vez una libertad individual más que colectiva.
Estas ideas racionalistas constituyeron un punto medular en la relación política entre el soberano y los súbditos, la libertad de pensamiento se constituyó entonces como un mecanismo de autocontrol por parte del Estado y a la vez como una garantía para el gobernado.
En la actualidad, en tiempos de pandemia, diversos estudios revelaron que los ciudadanos incrementaron el uso de redes sociales, lo que reconfiguró también el uso del derecho a la libertad de expresión, pues significó un aumento considerable del tráfico de información en la red, búsqueda y difusión de esta, cualquier usuario de redes sociales seguramente ya se ha percatado que este fenómeno detonó también un incremento de discursos de odio, discurso odioso, incitación a la violencia y agresiones generalizadas.
Es imperioso destacar que la libertad de expresión goza de protección máxima, pero además la libertad de expresión y el acceso a la información y al conocimiento, se traducen como piedras angulares de toda sociedad democrática que garantice un internet abierto, global y seguro.
Bajo este nuevo contexto, describo aquí una serie de acciones que nos han permitido garantizar el pleno ejercicio de estos derechos universales y el acceso pleno a la justicia, derivado de las situaciones que se han presentado en el espacio virtual y físico. Veamos.
La primera de ellas refiere la operatividad ministerial: como nunca en la historia de la procuración de justicia en Chiapas se han atendido todas y cada una de las denuncias en todo el territorio estatal, se implementa un plan de investigación especializado y diferencial en coordinación con instituciones de seguridad local y federal, garantizando que quienes cometen delitos contra la libertad de expresión, enfrentarán un proceso penal.
Por otro lado, en el presente año, se han certificado tres colaboradores de la Fiscalía de Periodistas en el Estándar de Competencias (EC 1103) «Investigación de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión» a cargo del INACIPE en coordinación con el Proyecto Provoces de USAID, lo que ha transformado sustancialmente nuestras investigaciones, logrando judicializar los primeros asuntos ante juzgados penales en busca de conseguir las primeas sentencias con perspectiva de libertad de expresión.
Asimismo, la coordinación con la federación, que se tradujo en una permanente colaboración con la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para encaminar un paquete de reformas en materia de libertad de expresión que amplía la protección del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en todo el territorio nacional.
Y finalmente, la vinculación con las diversas asociaciones de personas periodistas en Chiapas, la cual se ha desarrollado en un marco de apertura, respeto pleno, y de colaboración para la atención de los temas de mayor relevancia vinculados al ejercicio de la libertad de expresión y ejercicio periodístico.
En suma, todas estas acciones han permitido que, en tiempos de pandemia, Chiapas se mantenga muy por debajo de la media nacional en delitos tendientes a menoscabar el ejercicio del derecho de la libertad de expresión y labor periodística.
A modo de corte caja, estos son los pequeños avances en torno a la libertad de expresión en Chiapas, pequeños pasos dentro del infinito umbral de protección de la libertad pública más importante de todo Estado democrático, y aquí vale la pena hacer una parada analítica y al igual que Spinoza y Milton, replantearnos nuevos cuestionamientos tan profundos que nos ayuden a encontrar nuevas fronteras en la construcción de una mejor arquitectura de protección y defensa de la libertad de expresión.
