Las agresiones han sido en contra de pobladores de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
El número de personas que viven en desplazamiento forzado en Chiapas, asciende a los 10 mil, quienes durante la pandemia por el COVID-19, han quedado totalmente desprotegidos, a pesar de que la violencia en su contra, ha incrementado durante los últimos meses.
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, y El Comité Chalchihuite, denunciaron que durante el mes de junio y lo que va julio han sido víctimas de 74 agresiones armadas.
Por su parte el Comité de Desplazados Chalchihuites ha denunciado 8 agresiones en Canalumtik, así como en Las Limas comunidad límite de Chenalhó.
«Son un total de 10 mil 113 víctimas de desplazamiento forzado en el estado de Chiapas, víctimas de la violencia paramilitar y criminal de grupos armados protegidos por funcionarios de los gobiernos municipales y estatal, movidos por intereses oscuros y de despojo» aseveró Ofelia Medina, integrante del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC, manifestaron su preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.
- Dos mil 036 personas víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Aldama
- Mil 237 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chalchiuitán
- La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, documentan 31 personas desplazadas de Los Chorros
Cabe mencionar que el 26 de mayo del presente año el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. y el Frayba, manifestaron la urgencia de la atención a las comunidades desplazadas ya que debido a la pandemia están en un estado muy alto de riesgo por la falta de infraestructura de salud, y una crisis alimentaria.
Al no ser atendido el llamado, se preguntan; «¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos? ¿Quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región? ¿Quién los arma?».
