Siempre hay un margen de error y tampoco se trata de los resultados que definirán una elección, pues las preferencias cambian. No obstante, México y la entidad cuentan con un marco legal que regula la aplicación de estas herramientas, las condiciones y los tiempos
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]F[/dropcap]altan 355 días para la jornada electoral de 2018, a celebrarse el primer domingo de julio de ese año y para la cual ya se van perfilando los «suspirantes» a los cargos de elección popular. Asimismo, comienzan a revelarse los resultados de diversas encuestas que «tantean el agua a los camotes» con discrepancias notables respecto a las preferencias de la ciudadanía, así que ¿a cuál creerle?
En días pasados se difundieron por redes sociales los resultados de dos encuestas centradas en el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Una, elaborada por «Notiprensa», atribuía a la pregunta expresa de «¿Quién debe ser el candidato a gobernador de Morena?», una respuesta de mil 919 personas —de una muestra de 3 mil 73— a favor de Rutilio Escandón. Los otros perfiles estaban bastante alejados de esa cifra; el más próximo fue Plácido Morales, con 608 votos.
La otra, elaborada —en junio— por «Encuestas y Sondeos Políticos del Sureste», posiciona en la variable «preferencia candidato Morena/Chiapas», a Plácido Morales con 47 por ciento; le sigue Óscar Gurría con el 25 por ciento de una muestra de población que no se especifica.
A estas dos encuestas les precedió una difundida, en abril pasado, mediante redes. La agencia responsable de su elaboración fue «Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA)», que la tituló «Encuesta sobre preferencias electorales en el estado de Chiapas (1070 casos, del 25 a 27 de marzo de 2017).
A los encuestados se les formuló la pregunta: «Si tuviera que elegir en este momento gobernador de este estado, ¿por cuál partido político votaría si tuviera que elegir entre…? El 27 por ciento respondió que por el PRI-PVEM; el 28 por ciento, que Morena; y el tercer resultado más alto lo obtuvo el PAN, con 11 por ciento; igual porcentaje para quienes respondieron «no sabe».
La misma encuesta reveló que el 24 por ciento de los cuestionados habían oído hablar de forma positiva acerca del priísta Willy Ochoa; 20 por ciento, por el médico Paco Rojas; y 19 por ciento, por el edil tuxtleco Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Otro espacio periodístico, Noticias.red, difundió a finales de marzo los resultados de una encuesta en la que no se cuestionó acerca de la preferencia de partidos, sino de aquella en caso de una hipotética e inmediata elección a la gubernatura. «Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría?», cuestionó. El 23.87 por ciento respondió que por el actual magistrado Rutilio Escandón Cadenas; el 14.94 por ciento, por el pevemista Luis Armando Melgar; y el 14.86 por ciento, por el también senador Roberto Albores Gleason.
Le antecedió la difusión (también en marzo) de los resultados de una encuesta sobre la contienda electoral de 2018 —aplicada por estudiantes de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas—, dados a conocer por el investigador y mercadólogo Francisco Cordero a través del portal de noticias Chiapas Paralelo.
«Morena obtuvo 31.63 por ciento y «Ningún partido», 28.88 por ciento. El PAN registró 15.25 por ciento; PRI, 9 por ciento; y 7.63 por ciento, PRD. El partido en el poder, el Verde, apenas alcanzó 3.75 por ciento, confirmando lo que siempre se ha presumido: sin alianzas no existiría», comentó el también docente en ese espacio.
Aparte de los resultados diferentes entre una y otra, la principal diferencia entre ellas es que no todas develan el proceso detrás como su metodología, el tamaño de la muestra poblacional encuestada y otras variables imprescindibles para dotar de credibilidad a los resultados. ¿Todas mienten? Pues bien, siempre hay un margen de error y tampoco se trata de los resultados que definirían una elección pues las preferencias cambian. No obstante, México y la entidad cuentan con un marco legal que regulariza la aplicación de estas herramientas, las condiciones y los tiempos.
Marco legal
El Instituto Nacional Electoral (INE) explica en su portal de internet que la reforma político-electoral de 2014 también generó cambios en las reglas sobre encuestas y sondeos de opinión, por lo que ahora la normatividad de regulación de encuestas electorales establece que los Organismos Públicos Locales (OPL) —en el caso de Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)— ejercerán estas funciones «con base en los lineamientos y criterios generales de carácter científico» que emita el mismo INE.
Así, el 22 de octubre de 2014, el Consejo General de la autoridad federal aprobó el Acuerdo INE/CG220/2014. Este documento reitera que los OPL deberán ceñirse al INE, según lo estipulado en la materia dentro de la Constitución Política mexicana y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Este marco legislativo estipula que el Consejo General del INE emitirá «criterios generales de carácter científico que adoptarán las personas físicas o morales que pretendan realizar encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la votación».
La normatividad en la materia no se limita sólo a la Constitución y la Ley General antes referida, sino también a su homóloga en Materia de Delitos Electorales (artículo 7) y al Reglamento de Elecciones (Capítulo VII).
El objetivo de la regulación mexicana en materia de encuestas, informa en su página el INE, es que quienes ordenen o publiquen encuestas y sondeos de opinión detallen su metodología sobre aspectos tales como tamaño de muestra, nivel de confianza, margen de error y tratamiento de no-respuestas, además de las fechas de levantamiento, el fraseo de las preguntas cuyos resultados se publiquen, y la entrega de la base de datos con las variables publicadas (esto se hizo patente a partir de 2012).
Aclara también que la vitrina metodológica que forma parte de las regulaciones emitidas por las autoridades electorales en el país, también lo es de los estándares y códigos de ética y conducta de organizaciones como la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública; la Norteamericana de Investigación de Opinión Pública; la Mundial de Investigadores de Opinión Pública; y la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados.
De esa manera, las autoridades estatales deben sujetarse a lo estipulado por las nacionales en materia de encuestas. Las directrices están claras en el Anexo 3 del Reglamento de Elecciones que, además, en su Capítulo VII-artículo 134, advierte: «Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o hacer del conocimiento por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales». Quien así obre, incurriría en un delito electoral.
Fiabilidad
El sitio «QuestionPro Software de Encuestas», una web que se basa en ofrecer el servicio de efectuar encuestas en línea, admite que esta herramienta se usa con frecuencia durante los procesos electorales para conocer la tendencia que existe entre los candidatos a un puesto de elección popular, pues es una técnica de investigación que permite recolectar datos como opiniones y actitudes de un grupo reducido de personas denominado «muestra».
Atribuye esta especie de atracción por las encuestas en época electoral a que se trata de una herramienta que «tiene la capacidad de predecir el resultado de una elección». «También sirven de guía a periodistas, analistas y a los mismos ciudadanos, para conocer sobre la campaña y elecciones en general, y también sobre los candidatos, el impacto de sus propuestas y plan de trabajo. Todos estos datos son importantes porque apuntan hacia dónde van las preferencias de los votantes e incluso cambiar sus decisiones», añadió.
No obstante, aclara que «las encuestas electorales no expresan las preferencia de quienes las hacen» y «no determinan la elección», sólo aportan una idea de lo que podría pasar el día de la elección.
El argumento principal para desestimar los resultados es el tamaño de la muestra, es decir, no entregan datos válidos porque lo que dicen unos pocos no es lo que prefiere la mayoría, pero «con un tamaño de la muestra lo suficientemente grande, las encuestas electorales pueden llegar a ser definitivas»; es decir, a mayor número de encuestados, menor margen de error.
Al final, QuestionPro reconoce: «Lo cierto en las encuestas electorales es que podríamos obtener una muestra perfecta si lográramos que todos los que participan en el proceso electoral (electores) tuvieran la misma posibilidad de ser encuestados».
Bajo esta premisa, que es obvia su imposibilidad, todas las encuestas errarían y no entregarían resultados con fiabilidad puesto que sólo se trata de las preferencias de un determinado grupo de la población. Entonces, ¿cómo confiar en los resultados que emiten? Animal Político dio algunas pistas en un artículo —a propósito de la última elección en 2015— en el que enfatizó que no importan tanto las gráficas, sino los datos comprobables tales como los que solicita la legislación; asimismo, sugirió tres pasos para probar la confiabilidad de la fuente:
1. Corroborar que la encuesta sea confiable.
2. Siempre consultar más de una encuesta.
3. No confundir encuesta con elección.
Respecto al primer punto, ante los resultados de una encuesta, primero hay que formularse ciertas preguntas: ¿Quién la hizo?, ¿quién la pagó?, ¿cuándo se hizo?; ¿cuántas personas respondieron y cuáles eran sus características demográficas?; ¿cómo fueron seleccionados los entrevistados y de qué manera se les aplicó el cuestionario de la encuesta?; ¿cuál fue la pregunta hecha?; ¿cuál es el margen de error, nivel de confianza y tasa de no respuesta? Al contestar estas preguntas, se asegura que la encuesta presentada sigue los lineamientos establecidos por la ley electoral.
Acerca del segundo, si bien para la elaboración de una encuesta se requiere de un proceso metodológico complejo y nunca hay dos encuestas iguales, sí existe una «certidumbre compartida». «La investigación de opinión pública construye lo que podríamos llamar los umbrales de certidumbre compartida. Así que entre más mediciones se hagan es mejor, porque nos permiten calibrar los límites dentro de los cuales se mueven las preferencias e intenciones del electorado», explica el portal noticioso.
En el tercero es contundente: «Una encuesta no es un remedo de la votación y la votación no es una encuesta enorme». Se trata de un ejercicio de aproximación para escudriñar en las probabilidades de intenciones de voto de la ciudadanía; más bien, previo a la jornada electoral, «es una narrativa del ánimo de la gente». Por tanto, antes de «colgarse» el primer sitio de las preferencias, hay que prestar atención a lo que dicen los demás numeritos y a la metodología de investigación.
