El 20 por ciento de los municipios del país tiene un nivel de vulnerabilidad muy alta ante los efectos del cambio climático. Las nuevas políticas energéticas (fósiles y termoeléctricas) para disminuir las tarifas de combustibles y electricidad podrían hacer realidad los peores temores de las entidades del sur
Agencias
[dropcap]¿[/dropcap]Qué pasaría si mañana anunciaran la reapertura de la refinería de Azcapotzalco? Bajo una lógica simplista podríamos pensar que esta medida pudiera beneficiar a miles de consumidores de combustibles. Una vez en operación, el 18 por ciento de los habitantes del país (aquellos que viven en el Valle de México) tendría casi a la mano gasolina y diésel para sus vehículos. Sin embargo, sería el mayor retroceso en la agenda ambiental de la ciudad, puesto que su cierre hace casi 30 años fue una de las medidas clave para lograr que la Ciudad de México dejara de ser la más contaminada del mundo.
El escenario de la refinería de Azcapotzalco es un absurdo que nos pone a pensar sobre las decisiones que hoy se toman en el sector energético, las cuales contrastan con la trayectoria de México como un líder mundial, entre los países en vías de desarrollo, en la lucha contra el cambio climático.
En 2016, México ratificó los Acuerdos de París, en los que se comprometió a reducir el 22 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el 51 por ciento de sus emisiones de carbono negro para 2030. En particular, se estima que estas metas se alcanzarán con reducciones del 31 por ciento en generación eléctrica y del 14 por ciento en petróleo y gas, entre otros. Destaca que para 2024, el 35 por ciento de la generación eléctrica deberá provenir de fuentes limpias.
También es importante señalar que México podría reducir sus emisiones GEI hasta un 36 por ciento si cuenta con el apoyo de los países desarrollados (recursos económicos y tecnológicos). Esta contribución internacional podría verse comprometida si México retoma una agenda intensiva en emisiones, por ejemplo a través de plantas más contaminantes.
Para el sector eléctrico, la reforma energética abrió la oportunidad de detonar inversión privada en fuentes limpias, a costos relativamente bajos, lo que contribuye a las metas sin recaer totalmente en el erario. Por ejemplo, los costos de instalar y operar techos solares (costos nivelados de generación) presentan una trayectoria a la baja y se espera que caigan alrededor del 60 por ciento entre 2013 y 2049. A pesar de estos beneficios, el 31 de enero de 2019, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) canceló la cuarta subasta de largo plazo de generación de electricidad con fuentes renovables.
Esta decisión, aunada a los últimos anuncios sobre el sector energético, genera dudas respecto a la posibilidad del Estado mexicano para cumplir las metas internacionales: la apuesta actual es por los combustibles fósiles. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibirá 34 mil 310 millones de pesos para incrementar la capacidad de generación -principalmente en termoeléctricas de ciclo combinado y plantas de carbón- mientras que Pemex obtendrá 57 mil 500 mdp para implementar un plan agresivo que aumente la capacidad de refinación.
La mezcla de insumos que se usen para producir energía y la ubicación de las plantas pueden generar emisiones de carbono, efectos en la salud y daños ambientales muy diferentes.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Saúl Rodríguez, consultor externo, estimaron que en 2017 los impactos negativos de plantas más sucias (70 por ciento de combustóleo y 23 por ciento de gas) en zonas más pobladas o biodiversas pueden llegar a ser 42 veces mayores que aquellos de plantas más limpias (un 65 por ciento limpias como solar o hidroeléctrica y 34 por gas) en zonas con menor población o biodiversidad.
En el anuncio del Gobierno federal se hizo alusión a la rehabilitación de hidroeléctricas. No obstante, menos del 1 por ciento del presupuesto se destinará para este fin y en términos de mitigación de carbono, las grandes hidroeléctricas no son tan efectivas como las tecnologías solares o eólicas.
Por su parte, el plan de Pemex es construir una nueva refinería y reconfigurar otras seis. Sin contar la demanda por el desmonte ilegal de vegetación para construir la refinería de Dos Bocas, vale la pena considerar que en el mundo se empieza a discutir la idea de prohibir la circulación de los vehículos con motores de combustión interna. ¿Queremos que nuestros impuestos paguen una inversión obsoleta cuando estas iniciativas se empiecen a concretar?
Invertir en tecnologías limpias es un buen negocio. De acuerdo con un estudio de Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), un incremento de 37 gigavatios (GW) con tecnologías limpias entre 2018 y 2032, a partir de una inversión de 60 mil millones de dólares, podría incrementar el PIB en 29 mil millones de dólares y generar más de 200 mil empleos directos e indirectos en los próximos 15 años.
Si bien es cierto que, en general, las tecnologías fósiles son más costo-eficientes que las fuentes limpias, si se contabilizan los costos de las externalidades (contaminación, salud e impacto ambiental) y los beneficios de los Certificados de Energías Limpias (CEL), el costo nivelado de generar un megavatio-hora (MWh) con energía solar es de 2 mil 450 pesos, cifra similar al de una planta termoeléctrica o de turbogas.
Más aún, no debemos olvidar que México corre el riesgo de ser uno de los países más afectados por los efectos que se pronostican del cambio climático por su ubicación geográfica. El 20 por ciento de los municipios del país tiene un nivel de vulnerabilidad muy alta, los cuales se ubican principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Todos los mexicanos quisiéramos precios de energía más baratos. Sin embargo, lo ideal es lograrlos de una forma ambientalmente sostenible para evitar problemas más costosos en el largo plazo. Para cumplir con las metas internacionales y generar energías más limpias es importante que las autoridades integren una visión de largo plazo en sus políticas energéticas y colaboren con el sector privado bajo reglas transparentes que nos beneficien a todos.
Con información de Fátima Masse / IMCO / Expansión
