La semana pasada, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el Informe regional sobre Desarrollo Humano 2021 «Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y El Caribe».
Como ya he mencionado antes, la desigualdad es multidimensional y, nos explica el informe, no solo tiene que ver con los ingresos, existen otras formas de desigualdad persistentes, como las brechas de género en trabajo remunerado y no remunerado –principalmente las dedicadas a actividades de cuidado–; las personas LGBT+ continúan sufriendo discriminación y son víctimas de violencia con mayor frecuencia, y las minorías étnicas permanecen sin reconocimiento como agentes económicos y políticos y están rezagados en servicios básicos como salud y educación. En conjunto esto crea, la desigualdad de ingresos y bajos niveles de productividad y crecimiento económico.
Asimismo, el texto se concentra en tres vínculos críticos. Primero: el desafío más pernicioso, la concentración del poder, es decir, la defensa del interés privado sobre el bien común, dando como resultado políticas distorsionadas e ineficientes (Corrupción). Segundo: la violencia, que hoy representa el 34% del total de muertes violentas, así como violencia no letal, incluida la sexual, los robos, el abuso policial y la trata. La violencia actúa como moneda de negociación entre actores estatales y no estatales para llegar a acuerdos, y de ahí a la distribución de recursos, derechos, oportunidades y poder en la región. A propósito, la SSPC presentó la cifra de feminicidios en el país que al mes de mayo escaló 7.1% con 423 víctimas y refleja justamente esto. Tercero: las respuestas de política pública, que tienden a ser fragmentadas e ineficaces, y pueden terminar profundizando las distorsiones existentes en el largo plazo.
Por otra parte, lo que piensa la gente acerca de la desigualdad y lo que cree deberían hacer las políticas públicas en respuesta moldea tanto preferencias políticas, como aspiraciones.
La propuesta: No esperar a que la inclusión social provenga de instituciones y políticas segmentarías, sino seguir un principio rector clave para la protección social, la universalidad, entendida en tres dimensiones complementarias: 1. Toda la población expuesta a determinado riesgo debe ser protegida por el mismo programa, 2. la fuente de subvención debe ser la misma para cada programa, en función del riesgo cubierto, y 3. las prestaciones en especie debe ser de la misma calidad para todos.
Sin duda, este informe representa la posibilidad de una discusión de fondo para acabar con la desigualdad en nuestra región y con la frustración frente a la distribución asimétrica de ingresos y de servicios públicos y sus garantías legales.
