Aunque la Presidenta Sheinbaum se dijo dispuesta a someterse a revocación, el diseño constitucional y los candados operativos revelan que este mecanismo depende más del poder que de la ciudadanía
AquíNoticias Staff
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró en su conferencia matutina que está dispuesta a participar en un proceso de revocación de mandato para que el pueblo decida si debe continuar en el cargo. Afirmó que este mecanismo es parte del espíritu de la llamada Cuarta Transformación y recordó que se incorporó a la Constitución a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, más allá del compromiso político que expresó —“nunca vamos a ser una carga para el pueblo”—, el análisis constitucional muestra un escenario distinto: la revocación de mandato presidencial es jurídicamente posible, pero políticamente casi inalcanzable sin el impulso directo del gobierno en turno.
El artículo 35 de la Constitución exige que la petición ciudadana cuente con:
- El 3 % de la Lista Nominal de electores (más de 2.9 millones de firmas).
- La participación de 17 entidades con 3 % de firmas cada una.
- Organización total del ejercicio por parte del INE, con presupuesto previamente autorizado.
- Una participación mínima del 40 % del electorado (más de 38 millones de votantes).
- Y una mayoría a favor de la interrupción del mandato.
Cuando se realizó este proceso por primera vez en 2022, aun con el impulso político del entonces presidente López Obrador, la participación alcanzó apenas el 17 %, muy lejos del umbral constitucional.
Esto revela una contradicción de origen: el mecanismo está diseñado para ser ciudadano, pero solo puede activarse de manera efectiva cuando el propio gobierno lo promueve, moviliza estructura territorial y garantiza condiciones materiales.
En la práctica, la revocación es más un instrumento de refrendo presidencial que un contrapeso que la ciudadanía pueda activar de forma autónoma. Un derecho democrático limitado por su propia arquitectura.
La disposición expresada por Sheinbaum mantiene abierta la narrativa de cercanía y rendición de cuentas, pero el funcionamiento real del sistema muestra que la decisión final no descansa exclusivamente en manos del pueblo, sino en la voluntad operativa del Estado.
